AVC/Arantxa Arcos
Xalapa, Ver.
El ex secretario de Seguridad Pública en la administración de Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita, quedó vinculado a proceso por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad, al igual que el jefe administrativo de la dependencia, Alejandro Contreras Uscanga.
Mientras que al socio del ex secretario, Roberto Esquivel, se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de tráfico de influencias.
Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la jueza de control del juzgado Segundo Penal Oral en Pacho Viejo, Estrella Iglesias Gutiérrez, ordenó también someter a los vinculados a una investigación de seis meses donde se documentarán y analizarán todos los contratos de la Secretaría de Seguridad Pública que hayan sido firmados por ellos.
También resolvió que se investigará al comité de adquisiciones de la dependencia quien autorizó estos contratos.
De acuerdo a la jueza, Bermúdez Zurita sería el autor intelectual de los delitos, el jefe administrativo de SSP, Alejandro Contreras Uscanga, sería el autor material y Roberto Esquivel, el autor partícipe.
Cabe señalar que de acuerdo al proceso y denuncia de la Fiscalía General del Estado (FGE), el ex secretario desvió recursos millonarios de la dependencia a través de contratos oficiales en su beneficio personal y de socios.
La segunda audiencia inició a las 8:31 de la mañana, con la presencia de los tres imputados, sus abogados defensores y los fiscales investigadores de la Unidad de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial; Fernando Pensado Ortega, Osvaldo Vargas y Humberto Vázquez Urbina.
RELATIVA
CONTRATOS IRREGULARES
En el proceso, los defensores de los imputados pudieron presentar pruebas donde Violeta Condado, abogada de Bermúdez, presentó cuatro publicaciones de la Gaceta Oficial del Estado, correspondientes a las observaciones fiscales del 2011 al 2014.
La Gaceta número 49 del ejercicio fiscal 2011, la gaceta 63 del ejercicio fiscal 2012, la gaceta 72 del ejercicio fiscal 2013 y la gaceta 60 del ejercicio fiscal 2014 fueron recibidas, escuchadas por la juez y desechadas por la misma al no retirar la acusación del fiscal, por un contrato firmado en 2016.
Y es que el fiscal Pensado Ortega recalcó que los tres implicados firmaron un contrato irregular con fecha del 24 de febrero del 2016.
El contrato con la empresa Guardias Empresariales, SA de CV, fue para autorizar la compra de desechables, alimentos y consumos de los empleados de la dependencia de Seguridad Pública.
La juez recalcó que la empresa no satisface esos servicios y validan la prueba del fiscal, causando que sea acreedor al auto de vinculación e investigación de más contratos por seis meses.
