Agencias
Guanajuato
La Fiscalía General del Estado (FGE) montó “un circo” en el rancho El Ramillete de Dolores Hidalgo acusándolos de explotar a 700 jornaleros agrícolas, a pesar de que respetan las normas laborales, acusó el abogado de la empresa Agroverdi, José de Jesús Espinoza Moreno.
Personal de la Fiscalía robó 280 mil pesos de la empresa y dinero de los trabajadores agrícolas, denunció.
La empresa tiene 15 años contratando a jornaleros para la cosecha de hortalizas y diversos productos del campo y nunca había tenido un problema, sostuvo. “Ahora sí que es un circo que armó la Fiscalía respecto a esta situación; nosotros tenemos alrededor de 2 mil personas trabajando; en su gran mayoría vienen de Guerrero, de Chiapas, de toda la República”, acusó.
Agregó que la empresa construyó un albergue para las familias y para que los niños estén resguardados cuando sus padres están trabajando; incluso tienen televisión de paga. El representante de Agroverdi aseguró que tienen servicio médico las 24 horas, un preescolar y guardería.
“Así es que no se les puede explotar, no puede haber explotación porque finalmente ellos están resguardados nada más”, enfatizó. Añadió que ningún trabajador está en contra de su voluntad porque ellos llegan solos año con año. Espinoza Moreno aseguró que la Secretaría de Salud va al rancho a vacunar a los hijos de los jornaleros.
“Esto más bien fue un pretexto de la Fiscalía para desviar la atención de algo que están llevando a cabo; nos llama la atención que vino el fiscal general del estado —Gerardo Vázquez Alatriste—”, reiteró.
La Fiscalía desconectó el servidor de las cámaras de seguridad de la empresa, sacaron al personal y se metieron a los dormitorios para buscar supuestamente armas y droga, relató.
En la revisión detectaron a un trabajador con un cigarro de mariguana, precisó. Sobre el dinero que se llevó el personal de la Fiscalía, José de Jesús Espinoza adelantó que no pondrán una denuncia porque “no estamos atendiendo el circo que hizo la Fiscalía”. Los jornaleros —la mayoría indígenas— siguen trabajando, pero “están molestos por el dinero que les robaron”, concluyó.
El viernes la FGE informó que rescataron a casi 700 jornaleros de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, que presuntamente eran víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación laboral.
La Fiscalía señaló que identificó a 642 trabajadores; 458 son adultos, 184 niños y 30 adolescentes abandonaron el rancho.
La Fiscalía intervino por las posibles violaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, denunciadas por la Secretaría de Salud y por la Subsecretaría del Trabajo de Guanajuato.
El artículo 21 señala que la explotación laboral se castiga de tres a 10 años de prisión, pero las penas aumentan de cuatro a 12 años cuando las personas pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La explotación laboral sucede cuando alguien saca un beneficio injusto, ya sea económico o de otro tipo, de forma ilegal, aprovechándose del trabajo de otra persona. Esto implica hacer que la persona pase por situaciones que afectan su dignidad, según el artículo 21.
