En los últimos 18 meses, el CPS 16 ha capturado la atención de medios y organizaciones no gubernamentales debido a una serie de suicidios trágicos que reflejan condiciones alarmantes en este centro penitenciario.
Ante esto, algunas organizaciones de la sociedad civil han abogado por su cierre inmediato y el traslado de casi 1,000 mujeres privadas de libertad a sus estados de origen, argumentando la necesidad de que estén cerca de sus familias e hijos.
Sin embargo, esta solución sin duda, empática, ignora las realidades criminales del país y los roles cada vez más activos que muchas mujeres desempeñan dentro de la delincuencia organizada. Creer que todas son víctimas de los hombres que las rodean perpetua un estereotipo que no corresponde a la evolución actual de estos grupos delictivos.
Cerrar el único penal federal de mujeres es ignorar una cuestión fundamental: ¿Para qué́ sirven los penales federales y por qué́ son esenciales para la seguridad nacional? La delincuencia organizada ha infiltrado a la mayoría de los penales estatales, convirtiéndolos en territorios donde la gobernabilidad es inexistente y los delitos como homicidios, extorsiones y narcotráfico se operan desde el interior. Los penales federales, aunque no exentos de desafíos, ofrecen mayor control y seguridad para limitar estas actividades. El CPS 16, en particular, desempeña un rol crucial en contener el alcance de mujeres con roles activos dentro de estas organizaciones, algo que no sería posible en penales estatales carentes de condiciones básicas y bajo el control de las mismas mafias.
El desafío de humanizar sin comprometer la seguridad
La demanda por cerrar el CPS 16 subestima la importancia de los penales federales en apoyar a los estados a recuperar el control de sus sistemas penitenciarios. Si bien es necesario humanizar las condiciones del CPS 16, especialmente en términos de facilitar el contacto con las familias y fomentar la reinserción social, hacerlo no implica desmantelar una infraestructura que es vital para la seguridad nacional. Es evidente que los penales estatales, utilizados históricamente como "basureros sociales" y herramientas de intercambio político con grupos delictivos, no están preparados para absorber a esta población sin provocar un colapso mayor.
Urge en México una Reforma Penitenciaria única
La tarea pendiente es enorme. Debemos dejar de tratar los penales como espacios marginales y asumirlos como una extensión de la política de seguridad nacional. El manejo adecuado de estas instituciones es crucial para garantizar la reducción de la criminalidad tanto dentro como fuera de sus muros. La solución no es cerrar el CPS 16, sino transformarlo en un modelo de reinserción efectivo y digno, mientras se fortalece la infraestructura penitenciaria estatal y federal para evitar que sigan siendo herramientas del crimen organizado. Cualquier decisión apresurada que ignore esta realidad sería un balazo no solo a la seguridad del país, sino también a las oportunidades de construir un sistema penitenciario funcional y humano.
