Margarito Escudero Luis
Si de verdad la ley es pareja y se aplica de acuerdo a la razón y los procedimientos establecidos, el Itesco está en un serio problema, pues entre más tiempo pase, mayor será la cantidad de dinero que tenga que pagar.
Y es que, según la profesora María Concepción Gil Ortiz, que habló en representación de 27 trabajadores despedidos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coatzacoalcos, dijo que las autoridades de esa institución están causando un daño patrimonial al alargar el pago de sus percepciones.
Estos 27 ex trabajadores del Itesco, fueron despedidos de manera injustificada, algunos desde hace siete años, otros de seis y su situación legal se resolvió a favor, pero se ha empantanado porque las autoridades del Itesco así lo han querido.
La tardanza está provocando un daño patrimonial a la institución, ya que a la fecha, se habla de 37 millones de pesos aproximados, por concepto de salarios caídos, entre los 27 trabajadores y cada día que pasa, es un aproximado de 15 mil pesos que se incrementan a la cuenta.
Pero, al parecer a las autoridades del Itesco no les interesa lo que le pueda suceder a la institución que les da de comer o están muy seguros de que nada pasará y la ley será burlada.
La maestra Gil Ortiz asegura que se han reunido en repetidas ocasiones con las autoridades del Itesco tratando de conciliar, pero esos directivos sólo han hecho simulaciones y gracias a ello, esto ha demorado tanto tiempo.
Ante la postura de la dirección del plantel, decidieron acudir con el Secretario de Educación en el estado, Adolfo Mota y con el Dr. Rangel Cáceres, director de Tecnológicos del Estado, para informarles de la situación que atraviesan y ellos se mostraron preocupados y hasta les dijeron que tratarían de que se le diera una situación inmediata.
SÓLO DAN LARGAS
Legalmente el caso está ganado a favor de los despedidos, pero se ha empantanado por situaciones jurídicas que las autoridades del Itesco han promovido, tratando de alargar cada vez más, sin pensar en el daño patrimonial que causan.
Ellos fueron despedidos entre los años 2007 y 2008, cuando era director Arturo Martínez, y ese despido se debó a que denunciaron algunas situaciones que se estaban viviendo al interior del Itesco con las que no estaban de acuerdo.
Y en ese tiempo el secretario general del sindicato era Ricardo Orozco Alor, actualmente director del Itesco, a quien en su momento le pidieron cuentas sobre las cuotas sindicales y que mostrara el Contrato Colectivo de Trabajo, pero Orozco Alor movió mar y cielo para no acceder a tales peticiones y por ello decidió reincidir a 27 trabajadores.
En las reuniones que han sostenido con las autoridades del Itesco, éstas han hecho propuestas, pero luego no las cumplen, como que se reúnan los abogados de ambas partes para tomar acuerdos, pero los abogados del Itesco no llegan y el director argumenta que les da la orden, pero no sabe porque no obedecen.
Ante esa situación, los despedidos perciben un vacío de autoridad, y el Itesco no tiene una cabeza que lo dirija.
¿Y QUIÉN PODRÁ AYUDAR A LA LEY?
No es la única situación dónde la ley ordena una acción y los responsables se niegan a acatar, y no hay nada que pueda obligarlos a cumplir con esa ley, lo que pone de manifiesto que en este país hay personajes que se sienten seguros, intocables y que pueden violar las leyes sin que les pase nada y eso se llama impunidad.
Impunidad es precisamente lo que se busca combatir en todo el país, hasta el presidente Peña Nieto habló recientemente sobre el tema, diciendo que “ahora sí” terminará con este flagelo que debilita al estado de derecho que tanto cacarean los funcionarios.
En este caso, ¿quién está por encima de la Junta de Conciliación y Arbitraje? Que sea capaz de obligar a las autoridades del Itesco a finiquitar este asunto que, entre más tiempo se consuma, más daño causará a las finanzas del Instituto.
Si de verdad los funcionarios cerraron filas en torno al presidente, pues que den una muestra.
