César Camacho
Debatir sobre el uso de la marihuana es oportunidad para reflexionar colectivamente, para convocar a la participación social libre y sin prejuicios, sobre un tema polémico y complejo, que exige comprender que el asunto va mucho más allá del uso recreativo del enervante, y admitir que esbozar siquiera la posibilidad de legislar en nuestro país, implica un desafío de enormes proporciones políticas, económicas, jurídicas y diplomáticas.
Si bien el consumo de la marihuana como psicoactivo y para uso medicinal en nuestro territorio data de épocas remotas, a mediados del siglo XIX se comenzó a estigmatizar su consumo con fines recreativos, ya que se consideró que provocaba “comportamientos irracionales” y hasta “violentos”; sin embargo, la Sociedad Farmacéutica de México la utilizaba para diversos tratamientos, hasta que, fortalecido el estigma aquél, en 1920 las autoridades publicaron las “Disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneren la raza y, sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas con el mismo fin”, que sugerían prohibir la producción y el comercio de la marihuana, medida que se incorporó en 1929 al Código Penal Federal, con la consecuente criminalización.
Aún siendo ilegal, bajo cierta laxitud de sociedad y gobierno, su uso con diversos fines prevaleció hasta nuestros días, a grado tal que el consumo de la marihuana se ha incrementado en hombres y mujeres de entre 12 y 17 años de edad, principalmente.
En 2006 el Congreso de la Unión despenalizó el consumo, y tres años después la posesión de la marihuana en ciertas cantidades. Desde entonces, el Ministerio Público no ejerce acción penal en contra de los consumidores y poseedores de hasta 5 gramos.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desatado un debate público. Para quienes la marihuana se equipara al tabaco y al alcohol, el fallo de la Corte invita a explorar la posibilidad de flexibilizar las normas referentes al consumo de la marihuana en condiciones similares a las de otras sustancias. Éste es el centro del debate público al que, en una expresión más de su apertura y talante democráticos, el Ejecutivo Federal ha anunciado que convocará.
Es evidente que ante la decisión judicial, el Poder Legislativo no puede mantenerse distante de la que ya comienza a ser una deliberación nacional, puesto que en toda democracia madura no hay tema vedado.
Están claras las tareas del Estado: contemporizar la libertad individual de las personas, con el interés general de la Nación; esto es, garantizar el ejercicio de las libertades individuales, como podría llegar a ser el consumo de la marihuana, evitando crear un problema social, de salud pública, para el caso. En otras palabras: libertad de los de los ciudadanos, ya que en su fuero interno cada uno manda; y responsabilidad que las autoridades, que en ejercicio de la función pública deciden y trascienden a la comunidad.
Por eso, en este delicado tema se deberían considerar, mucho más que reglas de consumo, todo lo tocante a la producción, hasta las diversas variedades de su manejo, pasando por la distribución, la transportación y el comercio, y cada uno de estos puntos en sus distintas vertientes y modalidades.
En todo caso, sería muy pertinente que el debate que se abrirá formalmente en próximas semanas, sea en todo momento precedido, acompañado y sucedido, de campañas informativas que prevengan sobre los efectos nocivos del consumo la marihuana.
Es importante considerar también que ninguna de las experiencias flexibles o permisivas respecto al uso de la marihuana u otras sustancias en diversas partes y ciudades del mundo, se ha aplicado en un país como el nuestro que no sólo tiene una tierra propicia para la producción de la planta, y que al parecer cuenta con un importante mercado interno de consumidores reales y potenciales, sino que comparte una frontera enorme con los Estados Unidos, país que enfrenta una problemática no menor al respecto. De lo que resulta lógico colegir que legislar en torno a este asunto sería, llegado el caso, un desafío de enormes proporciones, por sus implicaciones jurídicas, económicas, políticas, jurídicas y diplomáticas.
Aún así, siendo considerable el tamaño del reto, es mayor la determinación de los diputados del PRI para solidificar nuestro régimen de libertades, pugnando por el fortaleciendo de la salud pública, la certidumbre y la cohesión en nuestra sociedad.
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