Edgar Elías Azar
En el mundo del Derecho, con cierta recurrencia, se discute si éste es o no una ciencia. Son varios los autores que hacen referencia a la “ciencia del Derecho” y que defienden la utilización de un método científico para su conocimiento. De igual forma, hay quienes defienden que los métodos del razonamiento jurídico con los que los jueces resuelven sus sentencias responden a criterios objetivos y que, por lo tanto, las decisiones judiciales basadas en las reglas de la Ley y de la lógica pueden considerarse como verdaderas; equiparándolas con conclusiones científicas.
Cuando hablo de “justicia científica”, en realidad no estoy pensando en ninguno de estos dos debates. Por el contrario, estoy pensando en el auxilio que las áreas de las ciencias exactas puedan prestar en la aplicación del Derecho. Me refiero a ciencias como: la Criminología, la Balística, la Grafoscopía, la Entomología, la Psiquiatría, la Biología, entre muchas otras. Los problemas que enfrentamos hoy son de una complejidad que nunca pensamos ayer y que será más grave mañana; aumentará conforme aumenten nuestros conocimientos. Pensemos en temas relacionados con problemas tan complejos como la maternidad subrogada, la eutanasia o la clonación, que antes sólo se discutían en la ciencia ficción. También con los problemas que surgen a partir de las nuevas tecnologías como el internet.
Es impresionante que a estas alturas del siglo XXI esto siga siendo un tema de discusión. Sin embargo, una de las grandes fallas en nuestra educación jurídica (y, posiblemente, en toda Latinoamérica) es que les hacemos creer a los abogados que son profesionalmente autosuficientes. Que no requieren de otras áreas del conocimiento para forjar un sistema jurídico, para construir una decisión judicial o para crear la Ley. Estudiamos bajo el viejo eslogan que todo estudiante de Derecho conoce: “los abogados tenemos que saber de todo”. Nada puede ser más falso ni más perjudicial para un área del conocimiento práctico como el Derecho, que tanto impacto tiene en la sociedad y en la forma en que vivimos como individuos, que pretender resolver todo a través de la abstracción de la Ley o de la frialdad de la lógica. No sólo los abogados, sino los médicos, los ingenieros, los economistas, todos, tarde o temprano requieren del auxilio y de la pericia de otras materias. La interdisciplinariedad nos permite avanzar en el conocimiento de nuestro ramo.
Ahora, más que nunca, estando a escasos días de la entrada en vigor del nuevo sistema penal, pienso en la necesidad de robustecer la interdisciplinariedad; de darle un lugar prioritario en nuestras discusiones a otras áreas de la ciencia.
En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hemos prestado especial atención al tema. Se ha fortalecido el Instituto de Ciencia Forense con el fin específico de apoyar a los jueces y magistrados en su labor de impartir justicia. Los recursos propios o exclusivos del Derecho ya no son suficientes para conocer la verdad de los hechos en materia penal, como tampoco para decidir asuntos sobre la patria potestad o la alienación parental en materia familiar.
Lo peor que podemos hacer los abogados ante tantos retos es aislarnos. Pretender que desde nuestra isla de normas y criterios, podremos solucionar los graves problemas que acusan a la justicia de nuestros días.
