María Elena Morera
No es la primera vez que dedico este espacio al tema de la corrupción; sin embargo, en esta ocasión resulta más que oportuno por dos razones. Primero, por la posible discusión y aprobación del dictamen de las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que se prevé para el próximo lunes en las Cámaras de Senadores y Diputados. Y segundo, por la reciente publicación de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 del Inegi, que muestra que 9 de cada 10 mexicanos piensan que la corrupción es una práctica frecuente. Reflejos de nuestro México.
Veamos algunos datos reveladores. La ENCIG nos indica que en la relación de los ciudadanos con la autoridad, ya sea por algún trámite o contacto con servidores públicos, la corrupción se presentó en mayor medida en el contacto con las autoridades de seguridad pública (55.2%), seguido de los trámites ante el Ministerio Público (23.7%). Ambas instituciones dan vida a nuestros sistemas de seguridad y justicia.
En lo que respecta a la corrupción relacionada con las policías, la Ciudad de México es la entidad con el mayor número de personas que percibe que este tipo de hechos es muy frecuente (71%), seguido de Sonora (69.1%), Estado de México (68.7%), y Durango (67.7%). Estas cifras desde luego son desalentadoras, porque revelan que aún en las entidades donde se percibe menor corrupción relacionada con la policía, la percepción es muy alta.
En cuanto a la percepción de corrupción en las agencias del MP, nuevamente destacan la CDMX, donde el 72.9% de los encuestado percibe corrupción, seguido del Estado de México con 59%. Del mismo modo que en el caso de la policía, los datos nos muestran un Ministerio Público que dista de estar al servicio de la ciudadanía. Y no olvidemos que en el ciclo de corrupción, no sólo intervienen las autoridades, nosotros como ciudadanos también somos responsables.
La percepción de la corrupción se genera porque la gente se enfrenta a un agente del MP que le pide dinero a cambio de un trámite o atención que debería ser gratuita; y en el caso de la Policía porque ésta le pide y/o acepta sobornos a cambio de favores: omitir una infracción, dar una “cortesía”, etcétera.
Pero no podemos dejar de lado que la corrupción tiene otros efectos negativos, uno de ellos es el costo que nos genera. Simplemente pensemos en la gran cantidad de escándalos de corrupción de los gobernadores que dejan endeudados a los ciudadanos por decenas de años.
Si hacemos cuentas, todo lo que se han robado nuestras autoridades, bien nos podría servir para invertir en el desarrollo de buenas policías, para cubrir costos de capacitación, pagar mejores salarios y prestaciones que les permitan mejorar su calidad de vida e incentiven su sentido de pertenencia y servicio. Serviría para profesionalizar y hacer eficientes a nuestras agencias del MP, comprar equipo y tecnología para los peritos, etcétera.
Estamos hartos de la corrupción, y nuestras autoridades no cumplen con su deber de combatirla desde la raíz. Este fin de semana se cumple el plazo de un año para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción, mediante la aprobación de las siete leyes secundarias que integran su andamiaje. Los corruptos deben ser sancionados, de lo contrario seguiremos perpetuando el ciclo de corrupción, simulación e impunidad.
Los ciudadanos debemos comprometernos y no ser la causa de la corrupción ofreciendo sobornos o recibiendo dinero a cambio de favores. Asumamos un papel activo vigilando a las autoridades para contribuir a la prevención y sanción de actos de corrupción. Entendamos que pese a que muchos se benefician de la corrupción, los costos que acarrea a todos son enormes y los pagaremos por años. Exijamos que las autoridades no mal usen y roben los recursos públicos, nuestro dinero.
Twitter: @MaElenaMorera
