José Carreño Carlón
Empresarios como funcionarios. Por la manera en que se incriminan mutuamente políticos y empresarios ante que lo que se saben o sospechan unos de otros, el debate tras la aprobación por el Congreso de las reformas anticorrupción podría resumirse así: “Hágase la transparencia en las transas de mis compadres”. Claro, en referencia tanto a las colusiones de políticos y empresarios propias del capitalismo de compadres (crony capitalism), como al viejo dicho del México rural: “Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”.
La élite empresarial presionó por endurecer la iniciativa presidencial para combatir la corrupción de los servidores públicos, contrapartes de la iniciativa privada en la gestión de sus negocios. Y esto condujo al resultado —promisorio, en más de un aspecto— de una nueva legislación y nuevas instituciones llamadas, entre otros propósitos, a transparentar, investigar y, en su caso, castigar alteraciones punibles en la situación patrimonial y fiscal, así como conflictos de interés de los funcionarios. Es la llamada Ley 3de3.
El empresariado se llamó a engaño porque no se estableció la publicidad obligatoria de esa información de los burócratas. A su vez, el establishment político incluyó en la nueva legislación disposiciones para transparentar también las cuentas de particulares y empresas que reciben o ejercen recursos públicos o celebran contratos con entidades del Estado. En estos casos, pues, los empresarios tendrían también que someterse a la 3de3 y reportar su situación patrimonial, fiscal y de probable conflicto de intereses “como si fueran funcionarios”. Así lo lamentó un espacio mediático pro empresarial, no tanto apelando a la diferencia jurídica entre la obligación de rendir cuentas del funcionario y la del particular, sino como una insinuación, en el contexto, de una pretendida diferencia “moral” en que los negociantes privados no serían (tan) corruptos como los burócratas, como para imponerles las mismas normas de transparencia.
Conozco a los dos. Si bien la jugada de los políticos enfrenta presiones para revertirla, y probablemente tropezará con cuestionamientos constitucionales a ser resueltos por el Poder Judicial, la verdad es que los legisladores de la madrugada también parecieron tropezar con un acierto de dimensiones históricas: abrieron una fisura para esclarecer los orígenes de la actual controversia sobre las ligas del empresariado y el funcionariado como fuentes complementarias de corrupción.
Porque al menos desde mediados del siglo pasado, una parte de los grandes negocios privados se desarrolló con ligas oscuras con funcionarios de todos los niveles. A ese fenómeno se enfrentan las nuevas normas. De hecho las fortunas de algunos de los más destacados integrantes del empresariado de hoy provienen de diversas maneras de una parte del funcionariado de los años 50 en adelante. “Conozco a los dos”, previene aquí la voz prodigiosa de María Luisa Landín, en su melodramático ruego a quien se niega a revivir un idilio prohibido, por lo que “la gente nos diga”.
La disputa. Puede haber móviles de hipocresía en quienes tratan de poner distancia del origen público de sus fortunas privadas, uniéndose a los impulsos punitivos contra políticos y burócratas de hoy. Y puede ser que los políticos se hayan sacado de la manga las normas que trasladan las sospechas al sector empresarial. “Una venganza de la partidocracia contra los ciudadanos”, reza el slogan empresarial que sataniza a la parte política del viejo idilio con la palabra partidocracia y pretende ennoblecer a la contraparte empresarial con el mote de “los ciudadanos”.
Pero esta disputa —sobre una legislación con grandes avances preventivos y punitivos de la corrupción— puede liquidar una oportunidad histórica de empezar a poner en retirada el capitalismo de compadres o cómplices, que en México sobrevivió a la alternancia, con independencia del partido gobernante, tanto en el ámbito federal como en los estados.
