Guillermo Ruiz de Teresa
La democracia en México no sólo es elecciones con ganadores y perdedores; es que aprendamos a gobernar juntos con un proyecto de nación, con visión de Estado y un rumbo claro hacia el futuro. En México ese proyecto ya comenzó, son las reformas estructurales aprobadas por todas las fuerzas políticas. El legado del presidente Peña Nieto es esa visión de progreso, modernidad, democracia y apertura que el país necesitaba.
Sin importar el costo político, el presidente Peña Nieto decidió ser un reformador con visión de Estado y no sólo de encuestas y cálculos electorales que, por otro lado, debemos poner en su justo peso: una de cada dos diputaciones locales las ganó el PRI, con lo que tiene mayoría en siete de los trece congresos estatales; además de cinco gubernaturas. En otras palabras, los ciudadanos no entregaron un cheque en blanco a la oposición, ni rechazaron al priismo en su conjunto; votaron por un gobierno de contrapesos. A nivel municipal, el PRI es primera fuerza política con 216 de 550 municipios en contienda (40%) y a nivel federal, el PRI gobierna a 53 millones de mexicanos en quince entidades federativas.
Sin embargo, en momentos de grandes transformaciones nacionales hay grupos renuentes al cambio; aferrados a sus privilegios monopólicos o gremiales en perjuicio del interés público. Después de las elecciones hemos sido testigos de diversos conflictos auspiciados por ciertos poderes fácticos. Me gustaría hablar de tres en particular.
Frente a la propuesta del jefe de Estado de poner en sintonía a México con el mundo en materias de derechos humanos; inclusión y equidad, recientemente hemos visto diferentes voces eclesiásticas que, aunque lo nieguen, hacen política y se empecinan, en pleno siglo XXI, en mantener prácticas discriminatorias y excluyentes.
En el mismo tenor, la violencia desatada esta semana en Oaxaca pone de manifiesto la peor cara del corporativismo magisterial; de sindicatos más preocupados por sus cuotas y prebendas que por mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes. Al contrario de lo que pregonan, la reforma educativa es más que una reforma laboral; es un cambio de paradigma que plantea un nuevo tipo de educación basada en el mérito y la evaluación, que nos debe llevar a un nuevo tipo de ética de los ciudadanos.
Asimismo, incluso una ley como la propia 3de3 impulsada por los empresarios, claro, “mientras se hiciera la ley en los bueyes de mi compadre”, ha presentado resistencia de la cúpula empresarial; no hay que olvidar que esta ley independientemente de lo que se diga no pide más a privados de lo que le pide a políticos. Vale recordar que desde hace muchos años todos los burócratas entregamos estas declaraciones en favor de un México con más transparencia y rendición de cuentas.
Al inicio del sexenio las reformas se aprobaron con consenso y sin mayor resistencia, hoy, en su implementación, necesitamos defenderlas de poderes fácticos e intereses particulares. Estamos a un año y medio de empezar el proceso electoral para la Presidencia en 2018; las tensiones de hoy deben de analizarse bajo esta lupa. El México del futuro es un país donde todos sus ciudadanos sean más éticos, transparentes e incluyentes.
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