Ciro Murayama
Mes y medio después de las elecciones del 5 de junio, el INE deberá votar los dictámenes de la fiscalización de los ingresos y gastos de las campañas de 2016 e imponer las sanciones correspondientes.
Pero desde hoy se puede hacer un corte de caja de cuál fue el nivel de cumplimiento de los candidatos en su obligación de informar tanto de los recursos recibidos como de los erogados, así como de cargar en el Sistema Integral de Fiscalización del INE esa información en tiempo real.
Los datos consolidados confirman que 95.2% de los candidatos presentó su informe de ingresos y gastos de campaña ante el INE. De 8 mil 294 candidatos registrados, cumplieron 7 mil 894 y fueron omisos al final 400. No faltó un solo informe de candidato a gobernador; fueron omisos 75 candidatos a diputados locales, 219 candidatos a ayuntamientos y 106 candidatos de una suerte de cuarto orden de gobierno, como son los presidentes de comunidad en Tlaxcala.
De los informes recibidos, 7 mil 172 se presentaron en los plazos marcados por la ley, es decir, hasta tres días después de concluidas las campañas. Adicionalmente, 722 candidatos presentaron su informe de manera tardía.
Durante la campaña, el INE fue dando cuenta del retraso o de la ausencia de carga en el sistema de fiscalización de las operaciones financieras de los candidatos. Al 26 de mayo, 53% de los candidatos eran omisos en reportar sus operaciones. Pero en la última semana se presentó un incremento muy importante. Así, al 4 de junio, el límite previsto por la ley, se cerró con 91 mil 184 operaciones. En la semana final se cargaron 57 mil 785 operaciones, 63% de todas las reportadas durante la campaña. Así que los candidatos cumplieron, pero lo hicieron al borde del tiempo, in extremis.
Más aún, en el periodo que se abrió conforme a la ley para que los partidos respondieran el oficio de errores y omisiones, entre el 15 y el 19 de junio, los sujetos obligados cargaron 31 mil 754 operaciones más, un 30.66% adicional. Llegamos así a un gran total de 122 mil 938 operaciones.
Si se suman las operaciones que se cargaron en la última semana de campaña y en respuesta al oficio de errores y omisiones, se tienen 89 mil 539 operaciones, 72% del total. Lo normal hubiera sido una distribución de operaciones relativamente pareja a lo largo de las campañas, pero lo cierto es que los actores políticos, todos, reportaron la enorme mayoría de sus operaciones al final. Ello dificulta la fiscalización pero no la impide. Y para que no se vuelva costumbre eludir la obligación de rendir cuentas en tiempo real, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 38 ya contempla como una falta sustantiva la carga extemporánea de operaciones.
La fiscalización, por la entrega tardía de las operaciones, se complica, pero de ninguna manera naufraga. El INE tiene 122 mil operaciones que cargaron los partidos, coaliciones y candidatos independientes. Ahí hay decenas de miles de contratos, facturas, comprobantes de pago y transacciones bancarias, evidencias de gasto. No hay país en el mundo donde los actores políticos presenten tal cantidad de información y rindan cuentas de forma tan pormenorizada como en México. Esos datos se cruzan con la información que recaba el INE en trabajo de campo y a través de terceros —SAT, CNBV— y con ello se confeccionan los dictámenes de fiscalización. En dos semanas conoceremos no sólo el volumen de la información entregada, sino su calidad y veracidad.
