Por María del Carmen Alanis
(Magistrada del TEPJF)
El pasado 5 de junio acudimos a las urnas cerca de 19 millones de ciudadanos(as) y, estoy segura que, como lo revelan los recientes estudios muestrales, la participación de las mujeres fue un factor importante tanto en la proporción de quienes votamos como en los propios resultados.
La incesante lucha de las mujeres mexicanas por ejercer a plenitud sus derechos político-electorales ha cristalizado en importantes reformas electorales y resoluciones judiciales cada vez más garantistas. En prácticamente todas las entidades que tuvieron elecciones este año, se estrenaron nuevas reglas para la integración de las candidaturas. La legislación electoral de 12 de las 13 entidades que eligieron diputados(as) establece la paridad (50%) de género en la confección de las listas de candidaturas.
El mandato de paridad está también presente en 8 de los 11 estados que renovaron Ayuntamientos. Durango, Oaxaca y Tamaulipas no incorporan aún dicho mandato; sin embargo, las jurisprudencias 6 y 7/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinan que la paridad de género debe observarse en la postulación de candidaturas a cargos edilicios, y ha de hacerse desde la dimensión vertical (postular candidatos para presidente, regidores y síndicos en igual proporción de géneros) y horizontal (paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado estado).
Este marco normativo y jurisdiccional, sin duda favorable, se tradujo en estas elecciones en un alentador aumento en el número de mujeres que integrarán los Congresos estatales y presidirán algún Ayuntamiento. En el primer caso, la representación femenina pasó de 36.9% promedio a nivel nacional en 2015, a más de 44% en 2016, de acuerdo a proyecciones preliminares. En los estados en que se asignaron ya las diputaciones de representación proporcional, tenemos los siguientes resultados: Aguascalientes, 48% de mujeres; Durango, 44%; Oaxaca, 43%; Quintana Roo, 44%; Sinaloa, 45%; Tlaxcala 36% y Zacatecas. 53%.
Las cifras no son así de favorables en lo que concierne a la contienda por las gubernaturas. De las 12 que estuvieron en disputa, los partidos/coaliciones postularon a 64 hombres y 14 mujeres; es decir, solo el 17%. Ninguna de ellas resultó electa, aunque el proceso no ha terminado: tanto en Aguascalientes como en Tlaxcala se han presentado impugnaciones.
Aunque tradicionalmente la mayor resistencia para la postulación de candidatas ha estado en el espacio municipal, las sentencias y jurisprudencia del Tribunal han dado lugar a un avance sorprendente en la representación de las mujeres en las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Por años, el porcentaje de mujeres alcaldesas no rebasó un dígito. El promedio nacional en 2012 fue de 7.2%; en 2015 alcanzó 9.4%, mientras que en las recientes elecciones aumentó a 14.5%. Si únicamente se consideran los cargos en disputa en 2016, el porcentaje se ubica en 27, con 147 mujeres.
Si bien los números apuntan en la dirección correcta, todavía existen multitud de obstáculos que remontar para lograr la igualdad en la representación política. Uno muy preocupante es el incremento de la violencia política contra las mujeres con elementos de género; otro más es la enorme desventaja en que compiten las mujeres por un cargo, pues el apoyo de sus partidos es todavía muy desigual. Persiste también la arbitraria sustitución de mujeres por hombres en los cabildos municipales, como ha quedado evidenciado en Chiapas; o la postulación de mujeres “número” (sólo por cumplir el porcentaje), en detrimento de lideresas con reconocida trayectoria política; o la estrategia de postular menos hombres con tal de no tener que incorporar el número exigido de mujeres; así como el regateo del poder real a las mujeres que acceden al poder formal.
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