José Antonio Crespo
En su artículo del miércoles 6 de julio (Reforma), Germán Martínez Cázares hace una serie de revelaciones internas y reflexiones sobre la elección de hace diez años, en la que oficialmente ganó Felipe Calderón con un margen mínimo (.56%).
Coincido con algunas de sus apreciaciones y con otras no. Revela que Calderón estaba de acuerdo con abrir los paquetes electorales, pues estaba convencido de haber ganado. Pero su equipo (el propio Martínez) lo convenció de que no era conveniente. Eso mismo dijo Calderón a Salvador Camarena aún antes de tomar posesión; “Reuní a mi equipo y dije ‘vamos al recuento. No tengo la menor duda’. Es más, probablemente un recuento nos hubiera dado más votos, porque si alguien hizo trampa fue el PRD en el DF… Yo no tenía preocupación”. Uno de sus colaboradores —no se aclara quién— dijo también a Camarena: (Con la apertura) iba a haber errores, iba a haber inconsistencias, iba a haber incluso algunas casillas seguramente donde con dolo se hizo trampa… (El presidente electo; 2007). Precisamente por ello se cernía la duda sobre quién había ganado; la apertura hubiera aclarado la situación.
Un 80%, según encuestas, apoyaba el recuento amplio, pero un argumento que el PAN manejó —y valida todavía Martínez— es que los ciudadanos-funcionarios ya habían contado los votos. Sí, pero con muchos errores (incluso sin ser dolosos) que podían ser determinantes dado lo cerrado del resultado (en cuyo caso, según la ley, no se puede saber a ciencia cierta quién ganó). Por eso procedía la mayor apertura que la ley permitiera. Se dijo en esos días, justamente, que la ley no permitía abrir todos los paquetes, sino sólo algunos bajo ciertas circunstancias. Y por eso dice hoy Martínez que no hubiera sido buena idea “contabilizar los votos sin autorización legal”. Claro, pero resulta que sí había autorización legal para hacer un amplio recuento (aunque no del 100%, es cierto). Fue justo el TEPJF quien dijo al IFE, en su primera sentencia, que debió abrir todos los paquetes cuya acta registrara al menos una inconsistencia aritmética). En tal caso estaba el 64% de las actas. Pero hubo incluso 22 distritos donde no se abrió un solo paquete, pese a que muchas de sus actas registraban hasta 200 inconsistencias.
El Tribunal también procedió a una apertura limitada, pese a que la ley y su propia jurisprudencia le autorizaban a que, en elecciones cerradas, tomara medidas extraordinarias “como sería la apertura de paquetes electorales”, dice a la letra. No había pretexto; había consigna política. Del 64% de paquetes que legalmente debió abrirse, según el TEPJF, sólo se abrió el 14%. Dijo en su dictamen final el Tribunal que se habían limpiado las inconsistencias —según había exigido el PRD— al grado que las restantes no eran determinantes en el resultado. Nos mintió, pues una revisión exhaustiva de la mitad de las actas oficiales —proporcionadas por el IFE— arrojó cerca de 320 mil inconsistencias no justificadas (de acuerdo a los criterios establecidos por los propios magistrados). Una cantidad superior a los 234 mil votos con que oficialmente “ganó” Calderón. No hubo pues, la certeza que exige la Constitución.
Cabe recordarlo ahora que vendrá la reposición de los magistrados electorales pues, nuevamente, dicen los partidos que no deben responder a cuotas partidarias. Decirlo es un reconocimiento de que así ha sido hasta ahora. Y siempre se habla de que no habrá cuotas, pero las sigue habiendo, justo porque los nombramientos están en manos de los partidos. Coincido con Martínez en que López Obrador, con su estridente discurso y errores de campaña, perdió sí gran ventaja, llegando a la elección en empate técnico, donde incluso un pequeño nivel de irregularidades —dolosas o no— podía modificar u opacar el resultado. De haberse hecho el recuento legal, y aun así ganado Calderón, hubiera gozado de mayor legitimidad de origen, y probablemente no se hubiera precipitado en una estrategia sin pies ni cabeza contra el crimen organizado, que sólo profundizó la violencia, la muerte y la violación de derechos humanos.
