José Graziano Da Silva
El año pasado, casi una sexta parte de todo el pescado vendido en el mundo fue capturado ilegalmente.
Esta cifra debería reducirse ahora de forma radical gracias al Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSMA, por sus siglas en inglés), el primer tratado internacional diseñado específicamente para hacer frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
En virtud de este nuevo acuerdo, las partes están obligadas a garantizar que cualquier buque pesquero que llegue a uno de sus puertos -incluso para reabastecerse de combustible- debe anunciar su visita y someterse a una inspección de su libro de bitácora, licencias, artes de pesca y de la carga real que transporta. Las autoridades portuarias se han comprometido a compartir información sobre las infracciones, haciendo más difícil que los pescadores sin escrúpulos traten de buscar otro destino para proseguir con sus prácticas.
El tratado, que fue aprobado por los países miembros de la FAO en 2009, supone un gran paso adelante que va más allá de la autorregulación del sector pesquero, del que la actividad ilícita supone cada año pérdidas de hasta 23 mil millones de dólares.
Más de 30 países y la Unión Europea han depositado formalmente ante la FAO sus instrumentos de adhesión, por lo que el tratado ha entrado en vigor y se ha dado inicio a una nueva era.
Los que pescan de forma ilícita se enfrentan ahora a mayores costos operativos y al riesgo de ser descubiertos y castigados. Los pescadores ilegales, además de lucrar, ponen en peligro los esfuerzos coordinados para una gestión sostenible de los recursos marinos mundiales para que la pesca pueda prosperar como actividad viable de manera que todos podamos disfrutemos sus beneficios nutricionales.
El tratado se aplica hoy en día sólo en aquellos países que lo han suscrito. Para darle mayor fuerza y acelerar tanto su eficacia como su impacto, más naciones deben unirse. A medida que lo vayan haciendo, habrá cada vez menos puertos que sirvan de refugio a buques sin escrúpulos dispuestos a incumplir las leyes que regulan los límites de capturas, que se han establecido para proteger la biodiversidad y las poblaciones de peces.
Pero no tengan duda: El número de países que se sumarán al tratado está destinado a crecer.
Quiero felicitar a los países que ya son parte: Australia, Barbados, Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Estados Unidos de América, Gabón, Granada, Guinea, Guyana, Indonesia, Islandia, Mauricio , Mozambique, Myanmar, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Palau, República de Corea, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Tonga, la Unión Europea (en nombre de sus Estados miembros), Uruguay y Vanuatu.
El acuerdo hace más difícil que el pescado capturado de manera ilícita llegue al mercado, interrumpiendo un eslabón clave en la compleja cadena de suministro que va desde el océano a la mesa del consumidor.
Algunos buques podrían optar por desplazarse más lejos, lo que supone ya una decisión costosa y con efecto disuasorio. Por otra parte, los puertos que ofrecen servicios a estos pescadores proscritos no podrán hacerlo impunemente y para siempre. Las partes del PSMA financiarán medidas de creación de capacidad para los países que lo necesitan -la FAO está ofreciendo asistencia técnica y jurídica- y la falta de tolerancia hacia las conductas deshonestas llevará probablemente a un mayor respeto de las reglas.
Que no les quede duda: el cumplimiento de este tratado será, tarde o temprano, inevitable. Los protagonistas en la industria mundial de la pesca utilizan cada vez más las prácticas sostenibles como un factor positivo para la comercialización y los sistemas de trazabilidad y etiquetado ecológico están cobrando impulso. Adherirse al tratado puede mejorar las oportunidades comerciales de un país.
Como punto de inflexión en la lucha contra la ilegalidad en el sector pesquero, el PSMA es un paso concreto hacia océanos más sanos, como busca el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 de la nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible, según la FAO, requiere un esfuerzo integrado y se basa en la creación de redes que a su vez puedan catalizar reacciones positivas. Las inspecciones en los Estados portuarios pueden, por ejemplo, ayudar indirectamente a abordar otros problemas a nivel mundial, incluyendo el uso de mano de obra esclava en la industria pesquera, el comercio ilícito de especies en peligro de extinción y la mejora de la gestión de las áreas marinas protegidas.
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO
