Manuel Bartlett
Peña Nieto, Osorio y Nuño, ante la resistencia de la Coordinadora a la reforma educativa y sus apoyos sociales crecientes, sostienen obcecadamente: “la ley no se negocia”. Afirmación falaz. Con Hitler, Mussolini y Pinochet se “cumplía la ley al pie de la letra”. Pero, generalmente, la Filosofía del Derecho señala que la obediencia a la ley está ligada a su legitimidad: “Se obedece por considerarse justa, emanada de autoridades legítimas y procedimientos democráticos”. Se implican aquí dos conceptos: legalidad y legitimidad. Puede ser una norma legal formalmente, sin ser legítima, pero la reforma educativa es ilegal e ilegítima.
Es ilegal: producto de un pacto de partidos que, traicionando sus mandatos de ser oposición, sumaron con sus votos una “mayoría calificada” al servicio del Ejecutivo, imponiendo el proyecto privatizador del organismo internacional, OCDE, violando todas las normas del proceso legislativo. La reforma constitucional fue aprobada en Diputados al día siguiente de recibirla del Ejecutivo y, en el Senado, un día después, comisiones, dictamen y aprobación en el pleno en solo 13 horas. Diputados “dictaminaron” y aprobaron en el pleno dos de las leyes secundarias en tres horas y media, el Congreso instalado sorpresivamente en un banco. A continuación, en el mismo sitio, el Senado, mismo proceso, en ocho horas y media. La tercera, Ley del Servicio Docente, dictamen y aprobación en el pleno, ocho horas en Diputados y 13 en el Senado, violando términos obligados para convocar y presentar dictámenes, tanto a comisiones como al pleno, transgrediendo la obligación de tales comisiones de elaborar dictámenes y, el pleno desconociéndolos, eludiendo el debate, voto mecánico. Viola el Artículo 135 constitucional, que regula el proceso y los reglamentos del Congreso. Si la Suprema Corte funcionara debidamente, exigiendo constitucionalidad al proceso de reformas, la reforma educativa sería anulada.
La reforma es, además, ilegítima, proyecto extranjero que conculca derechos históricos de México, fincados en el Artículo 3º: “El desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, amor a la patria, solidaridad internacional, en la independencia y justicia”, imponiendo criterios neoliberales, antagónicos, violando sus mandatos de oposición para formar empleados y sirvientes para el capital; reforma punitiva, despoja a millón y medio de profesores de sus derechos mediante reforma constitucional espuria. La reforma no fue consultada con los profesores, los padres de familia y la propia sociedad; eliminó contenidos educativos, ignoró la diversidad de contextos sociales, étnicos y culturales y la experiencia docente de miles de maestros. La ilegitimidad se profundiza al hacerse pública la imposición extranjera y la participación de la organización elitista Mexicanos Primero, asentada en Televisa, más la agresiva manipulación a la opinión pública, presentando la reforma con virtudes falsas y satanizando la resistencia legítima de los trabajadores de la educación.
La reforma es ilegal e ilegítima, la determinación de Peña de condicionar diálogos o negociaciones, a la aceptación de la reforma educativa, además de antidemocrática y autoritaria, es insostenible. Está derrotada socialmente, imposible imponerla reprimiendo. Insistimos, los ciudadanos obedecen el derecho cuando saben que tiene origen democrático, salvaguarda los derechos humanos, no está diseñado para los poderosos, que no es el caso de la reforma educativa; no ha sido, como ha afirmado Peña Nieto, “producto de una gran responsabilidad institucional y compromiso social”, sino una imposición ilegal e ilegítima, con represión policiaca-militar. El rechazo creciente ha forzado pláticas antes denegadas, ¿negociación real o apuesta al agotamiento de los maestros? Pero es un hecho, sea lo que resulte, no habrá reforma educativa sin los maestros, que piden que se abrogue correctamente. No puede permanecer en nuestra Constitución el injerto neoliberal que destruye la esencia de la histórica educación mexicana.
