Juan Manuel Portal
Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) constituye un hito en la historia de la rendición de cuentas en el país. El Estado mexicano decidió colocar al tema del combate a la corrupción como una prioridad nacional, y no sólo ello; se eligió el único enfoque que permite augurar la obtención de resultados positivos: una perspectiva sistémica que busca integrar los esfuerzos de un conjunto importante de instituciones gubernamentales clave junto con el apoyo y la presencia de la sociedad.
Todos los entes participantes verán acrecentado su mandato, puesto que las distintas disposiciones aprobadas por el Poder Legislativo prevén la ejecución de acciones específicas y coordinadas para enfrentar las distintas aristas del tema de la corrupción. En este sentido, la ASF en particular tendrá, bajo su responsabilidad, la implementación de una serie de nuevas atribuciones cuyo objetivo es profundizar y ampliar el ejercicio de la auditoría gubernamental en México.
Uno de los tópicos de mayor importancia es la de la fiscalización de las participaciones federales. Esto representa un giro de gran relevancia, puesto que permite a la institución revisar directamente —o de manera coordinada con las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los estados, bajo determinados supuestos— el contenido de las cuentas públicas estatales. Este rubro asciende a un monto mayor al que se asigna al Ramo 33 dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esta disposición implica, naturalmente, un crecimiento del universo auditable a cargo de la ASF, y refleja, en el espíritu del legislador, una transformación del concepto de fiscalización a nivel nacional. Es preciso que, a partir de ahora, exista una coordinación efectiva y constante de las instituciones encargadas de la auditoría del gasto público. Dicha labor requerirá, por lo mismo, de un esfuerzo, a nivel de las entidades federativas, para contar con marcos legales consistentes con el existente en el orden federal, la unificación de los métodos y normas a aplicar, el manejo de una terminología común y, por ende, la réplica de instancias en el ámbito estatal a cargo de los procesos legales a los que haya lugar.
Otro asunto de la mayor trascendencia lo representa la capacidad con la que se ha dotado a la ASF para llevar a cabo la investigación y substanciación de presuntas faltas administrativas graves bajo dos hipótesis: ya sea que exista una denuncia que cuente con la debida fundamentación y motivación, y que aporte elementos de prueba que ameriten el inicio de estos procedimientos; o bien, que sea resultado de los hallazgos de una auditoría de la fiscalización anual de la cuenta pública.
El éxito de este proyecto está, en buena medida, en función de superar el reto que representan las limitaciones reales que tiene el ejercicio de la fiscalización superior a nivel local, así como la influencia que podrían tener los Ejecutivos estatales en materia de nombramientos de funcionarios en puestos clave dentro de los sistemas estatales anticorrupción, que requieren de la mayor independencia y que deben ser ocupados por hombres y mujeres que puedan acreditar plenamente los perfiles necesarios.
En el largo plazo, esta nueva realidad de control y legalidad representará una barrera de entrada a quien pretenda hacer de la gestión pública un medio para alcanzar beneficios personales indebidos. A partir de ahora, quienes aspiren a formar parte del sector gubernamental, deberán tener en mente los límites establecidos a su actuación y las consecuencias que les podría acarrear el incurrir en irregularidades. Este es un nuevo entorno que coadyuvará a dignificar la imagen de quienes trabajamos como servidores públicos.
