Andrew Selee
Han pasado una serie de acontecimientos alentadores para la lucha contra la corrupción en México en los últimos días que vale la pena reconocer. Se aprobó el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, producto de una larga lucha ciudadana que finalmente logró incidir en la toma de decisiones políticas. La Procuraduría General demandó a tres gobiernos estatales cuyas administraciones intentaron usar la reforma para protegerse contra posibles cargos de corrupción. Mientras tanto, el Presidente de la República pidió perdón por los hechos de la “Casa Blanca”.
Algunas de estas medidas han sido recibidas con cierta desconfianza y cuestionamientos, y no sin razón. La legislación en si no va a transformar la lucha contra la corrupción. No hay evidencia aún de investigaciones serias en cuanto al mal uso de fondos en gobiernos estatales, ni consecuencias por corruptelas del pasado. Una disculpa tardía no excusa un hecho real.
También siguen impunes crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos en gran parte del país, sin clara estrategia para enfrentarlos. Si bien llegó un hombre conocido por su integridad al frente del PRI, Enrique Ochoa Reza, otro ex presidente del partido, Humberto Moreira, recién demandó a uno de los académicos más importantes del país, Sergio Aguayo, por un artículo escrito hace unos meses en el que habla de su gestión como gobernador, un hecho que está resonando mucho dentro y fuera del país. Hay razones suficientes para la preocupación y la duda.
Pero también hay que reconocer cierto avance en todo esto; que de pronto los políticos, que no tomaban en serio el tema de la corrupción, empiezan a abanderarlo y responder a la presión ciudadana. En las democracias no se puede garantizar que los representantes populares sean virtuosos, pero sí deben sentirse responsables de escuchar la voluntad popular, de rendirle cuentas a los ciudadanos, de sentir que tienen que ganar simpatías a los votantes.
Dudo mucho que toda la clase política de pronto descubrió que la lucha contra la corrupción es su misión personal. Más bien la presión ciudadana está teniendo un efecto saludable en el ejercicio político y está cambiando el terreno de batalla en el tema. Y quizás hay algunos dentro del sistema político que sí entienden la importancia del tema y han aprovechado el momento para empujar cambios saludables.
Ahora habrá que ver si esta inercia sigue hacia adelante y si hay resultados concretos del nuevo sistema para monitorear y fiscalizar a los corruptos. También esperamos que se den resultados concretos en la defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Todo esto en su conjunto debe ser el ancla de la democracia en México.
