Jesús Reyes Heroles G.G.
La tragicomedia de un gobierno de México completamente rebasado y arrinconado por los acontecimientos no tiene precedente reciente. Logró lo increíble: unificar a prácticamente toda la población mexicana en torno a sentimientos de decepción, enojo, y falta de esperanza. Los analistas y la comentocracia han concentrado su atención en indagaciones especulativas de por qué el Presidente no toma decisiones o, cuando lo hace, lo hace tarde. También a dilucidar acerca del dilema de mantener la gobernabilidad sin usar la fuerza pública, en un contexto de conflicto entre diversos derechos humanos.
Algunos también atribuyen la situación a las “reformas estructurales” emprendidas por la administración del presidente Peña Nieto, inspirados sobre todo por la clara confrontación con la CNTE, cuyos intereses se ven afectados por el cambio. Sin embargo, todas las explicaciones dejan preguntas sin responder y, con frecuencia, caen en contradicciones y resultan superficiales.
Un aspecto que ha recibido menos atención de la que amerita es entender mejor qué mueve a los diversos grupos de mexicanos que se están confrontando con el gobierno, pues incluye desde campesinos hasta empresarios, pasando por organizaciones afectadas, como el caso de la CNTE. Las causas para esta confrontación se ubican en múltiples agravios que esa población ha sufrido durante muchos años. No está movilizada sólo por lo que ha sucedido durante esta administración, sino por agravios añejos que no se resuelven, y para los cuales no se perfilan soluciones.
¿Qué planteó la administración actual en su inicio, y qué propone ahora para que la población realmente perciba en el corto plazo algún beneficio de la acción del gobierno en sus ámbitos de interés relevantes? Por su naturaleza, las reformas estructurales instrumentadas, dirigidas a atender problemas muy serios y trascendentes de la economía y la sociedad mexicanas, tendrán resultados sólo en el mediano y largo plazos. Eso se sabía desde el principio. Por cierto, entre las reformas estructurales no se incluyó una en materia de seguridad.
Lo fundamental es que no se concibieron ni instrumentaron medidas y reformas adicionales dirigidas a paliar agravios añejos. Destacan la pobreza; la falta de acceso a una procuración de justicia efectiva y equitativa; la corrupción; y, el abuso frecuente por parte de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno. La estrategia contra la pobreza se fragmentó, y los recursos se han asignado en múltiples programas, poco potentes y de beneficio limitado. En principio, el acceso a una procuración de justicia efectiva y justa llegará dentro de algunos años, cuando sea preponderante el nuevo sistema acusatorio y cuando se materialicen las acciones derivadas de las recién anunciadas acciones en materia de justicia cotidiana. En materia de corrupción, las medidas llegaron tarde, lo que permitió cuatro años más de impunidad. Los casos de los gobernadores son los que más irritan.
Faltó un paquete de reformas dirigido a responder a esos agravios, que hubiese sido un buen complemento de las reformas estructurales, y habría aumentado la capacidad del gobierno para concitar más apoyo a sus políticas. En retrospectiva fue un diagnóstico incorrecto y una estrategia de gobierno incompleta.
Lo grave es que, aún de haber un acuerdo sobre la importancia de integrar, aunque sea tarde, ese paquete de reformas, es poco probable que el gobierno tuviese la capacidad para instrumentarlo en lo inmediato. El hecho es que no se hizo.
Ahora el riesgo es que el gobierno confunda las confrontaciones motivadas por ese agravio con el “costo de las reformas” y decida seguir adelante con su estrategia de que “dialogando” se resolverán todos los problemas, aunque ese diálogo en los hechos implique minar sus reformas. Nada se lograría. Ni responder a los agravios añejos, y tirar por la borda las importantes reformas.
