La reforma educativa es la entronización de un modelo contrario al que hemos construido con grandes maestros.
Manuel Bartlett
Para Peña Nieto la reforma educativa es la más importante de las doce que ha impulsado: “en la era global, altamente competitiva… es instrumento indispensable para… cumplir los ideales de paz, libertad y justicia social que anhelamos”. Lo que no dice es que esa reforma fue impuesta por la OCDE y el Banco Mundial, instituciones avocadas a obligar privatizaciones para beneficio del capital, en este caso, la privatización educativa. O sea, ese instrumento que Peña describe como “anhelo”, es la entronización, a nivel constitucional, de un modelo contrario al que hemos construido con grandes maestros mexicanos para crear ciudadanos con responsabilidades nacionales. Esta reforma está en el documento de la OCDE, Hacerlo bien, recibido por Peña al tomar posesión, impuesto en el Congreso mediante “pacto” del PAN-PRD-PRI, sin discusión, sin debate.
Peña creyó que asociado a organismos internacionales, la connivencia de los supuestos partidos de oposición, el servilismo de gobernadores y la dictadura mediática, podría implantarla. Ignoró la realidad mexicana, el arraigo de nuestra educación histórica —pese a los pujos privatizadores de los gobiernos neoliberales panistas y priistas—; pensó que sería aceptada dócilmente. Autoritario desde las primeras resistencias, amenazó con policías y Ejército, y en creciente represión llegó a la masacre de Nochixtlán. La movilización de la CNTE, movimientos sociales y apoyos de maestros, demostraron al gobierno que “su reforma” carece de consenso.
Atado a sus compromisos internacionales y a élites privatizadoras, en lugar de reconsiderar su reforma rechazada, decide mantenerla urdiendo una falsa “consulta nacional”, consistente en la presentación de documentos “para el inicio de un amplio proceso de análisis discusión y debate sobre el modelo educativo del siglo XXI”, pero enfatizado por Nuño Mayer, se trata de “bordar” sobre “su reforma educativa” —no reconsiderarla— en el marco de la insistencia de Peña de que ésta seguirá adelante. La trampa consiste en que todas las ideas y proyectos que surjan, serán recogidos y procesados por la Subsecretaría de Planeación (SEP) con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), bajo la coordinación de la doctora Blanca Heredia. Con este procesamiento se “persigue construir, a finales de este año, las propuestas definitivas para que entren en vigor en el 2018.” ¿Por qué el CIDE? Es éste una asociación civil gubernamental, cuya cabeza es el secretario de Educación. Ha tenido tres directores desde 1995: Carlos Elizondo Mayer-Serra, de donde salió a ser embajador de México en la OCDE (2004-2006); Enrique Cabrero Mendoza, consejero del Imco y consultor del Woodrow Wilson Center, dejó el CIDE para ser director del Conacyt, cargo desde el cual anunció que Sergio López Ayllón sería el nuevo director del CIDE (12 febrero de 2013), quien fue subordinado de Cabrero en el CIDE y coordinador general en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, promotora del TPP bajo recomendaciones de la OCDE y del Banco Mundial. La responsable de coordinar el manejo del material que surja de la “consulta”, la doctora Heredia, subordinada de Mayer-Serra en el CIDE, fue representante de la OCDE en México (2007-2009), también consultora del Banco Mundial. El “garlito” es fingir una consulta cuyos materiales serán interpretados por el CIDE, instrumento de la OCDE, promotora del modelo neoliberal, privatizador. El resultado estará en 2018, continuando su implementación subrepticiamente, haciendo creer a la opinión pública que se ha creado un proceso al final de este gobierno; es, sin duda, un fracaso educativo de Peña. Sin embargo, sus compromisos serán cumplidos si se preserva la reforma constitucional, que es el “huevo de la serpiente”, el modelo antinacional que conocerá impulsos posteriores por las fuerzas que lo sostienen. Es consecuencia imprescindible la abrogación de toda la reforma.
Senador de la República
