Héctor de Mauleón
La ciudad donde todos pagan “derecho de piso”
No llevaban joyas, ni dinero, ni tarjetas de crédito. No dejaban que sus hijos salieran solos a la calle, ni salían a caminar después de las ocho de la noche. Le tenían terror a los cajeros automáticos: afirmaban que ahí era en donde más fácilmente podían ser detectados por la delincuencia.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente a diciembre de 2015, a la segunda cosa a la que más le temían era al transporte público, pues habían comprobado que los choferes solían estar coludidos con la delincuencia para cometer secuestros.
Los datos revelaban que le tenían miedo también (en ese orden) a los bancos, las calles, las carreteras, los parques, los centros recreativos, los viajes en auto, los centros comerciales, la escuela, el trabajo “y la misma casa”.
Más de la mitad de la población (54.4%) se había visto envuelta en un conflicto violento. 79.2% estimaba que la ciudad era insegura. Las conductas delictivas más frecuentes en el espacio público eran el robo, los asaltos, el vandalismo en viviendas o negocios, la venta de droga, así como las actividades desarrolladas por bandas violentas o pandillas. El 29.4% de la gente había oído disparos el último año.
La Unión Nacional de Padres de Familia le había pedido al gobernador del estado que suspendiera las clases “hasta que se recupere la paz en la región”.
Los empresarios huían a Nuevo León o bien hacia el Valle de Texas.
Corrían rumores de que en las carreteras cercanas el Cártel del Golfo y Los Zetas establecían falsos retenes y seguían secuestrando migrantes en autobuses que venían del sur: 15 o 20 víctimas por cada camión detenido.
Los jefes del Cártel del Golfo eran los verdaderos dueños de la ciudad: Tampico.
La Comisión Nacional de Seguridad desmenuzaba la estructura de este grupo criminal e iba golpeando a sus principales líderes. En enero de 2016 se logró la detención de Héctor Crescencio de León Fonseca, el R-3, encargado de recolectar dinero mediante el secuestro y la extorsión para el jefe regional del cártel, Marco Antonio Haro Rodríguez, el R-2.
En abril, caería en poder de las autoridades el propio R-2 (responsable del plagio y asesinato del padre y el hermano del director de cine Alejandro Monteverde). En mayo le llegó el turno a un jefe de plaza apodado El Cumbias. En agosto capturaron en Naucalpan, Estado de México, mientras se sometía a una cirugía plástica, a El M-19 o El Diablo, operador del máximo líder del Cártel del Golfo, El Comandante Toro.
Al puerto se metió la Armada, el Ejército, la Gendarmería. La balacera no cejaba: desde los blogs dedicados al narcotráfico se propalaba la especie de que un grupo conocido como “La Vieja Guardia”, formado por Zetas a los que la justicia había liberado hacía poco tiempo, estaba de vuelta en la región para apoderarse de las ruinas que el Cártel del Golfo iba dejando en su infinito desastre.
Desde todos los niveles de gobierno se ofreció reforzar la seguridad en Tampico. Pero los meses siguieron corriendo y la gente no pudo recuperar su vida.
En el Tampico de hoy, los comerciantes deben pagar derecho de piso al crimen organizado para poder establecerse. Los vendedores ambulantes están obligados a comprar los productos que los delincuentes les venden —en general “piratería”. Los choferes del transporte público deben pagar para que los dejen trabajar, aunque sus documentos estén en regla (“y si no estás en regla pagas doble”, relata un testigo). Los vendedores de autos deben entregar una comisión por cada unidad vendida.
Testimonios ofrecidos por comerciantes del puerto indican que bares, minisupers, tables dances, cantinas, tianguis, restaurantes, discotecas, antros y “rodantes” deben pagar cuota a los “patrones” del puerto (“o si no, nos los queman”). Incluso para construir una casa, incluso para trabajar en el mercado municipal, hay que cubrir la tarifa semanal que exige el encargado de los cobros: un sujeto identificado por las autoridades como El Conta Silva, el extorsionador del Cártel del Golfo.
“Ojalá haga un comentario sobre lo que estamos pasando y el país se entere de nuestra situación porque aquí la prensa está comprada o amenazada y el problema es tan grande que no puede existir sin la participación de las autoridades tanto locales, estatales y federales”, escribe un vecino de Tampico.
El Grupo de Coordinación Local en Seguridad ha creado un banco de números telefónicos en el que es posible denunciar extorsiones. La extorsión sigue siendo, sin embargo, el cáncer mayor del puerto.
