Volver al pasado
Margarito Escudero Luis
La Secretaría de Gobernación pretende meter las narices en la producción de programas de televisión y por ende, en todo lo que huela a comunicación masiva.
La propuesta es que Segob censura la programación para que esta sea educativa y también sancionará los noticieros, es decir sólo se podría publicar lo que el secretario de Gobernación decida.
Si esto se autoriza, México habrá retrocedido más de 50 años de Historia, volver a la época del autoritarismo más recalcitrante.
La única diferencia es que en aquel entonces, México todavía era de los mexicanos, el sentimiento nacionalista estaba en boga y hablar de extranjerizar al país era imposible.
Pero no dejaba de ser un sometimiento a la voluntad del gobernante, supuestamente elegido por el pueblo.
Muchos años han pasado, muchas luchas del pueblo para superar situaciones limitantes de la libertad.
Por mucho que pueda sonar a buena onda la intención de “supervisar” la programación de los medios electrónicos y las publicaciones escritas, no deja de ser un obstáculo, un muro y un retroceso.
Es el nuevo PRI, que nos remite al pasado, en medio de una revolución tecnológica, como nunca se había visto.
Es el sueño dorado de los políticos con ínfulas de dictadores, que no están dispuestos a someterse a la voluntad popular, a un juego democrático que costo muchas vidas, mucho trabajo y mucho tiempo y en el que se vieron involucrados los propios políticos.
Ahora resulta que prefieren cambiar el modo de vida de este tiempo, donde la juventud se ha acostumbrado a una libertad sin límites, que no se dejarán quitar así como así.
RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS
Pero también, los medios de comunicación deberán observar la clase de programación que tienen, que en muchos casos, sobre todo Televisa y Azteca, pareciera que tratan con retrasados mentales y así los quieren conservar, en lugar de aportar elementos para que el ciudadano se incentive a la superación, a la lucha y la defensa de sus derechos.
Porque también los propietarios de esos medios, tienen aspiraciones dictatoriales, ser los únicos que estén en el mercado, no competir con nadie y llevarse todas las ganancias, a costa de idiotizar a la gente.
PIDEN AYUDA
Al parecer, el gobierno federal deberá reconsiderar la iniciativa de que pequeños productores y en general comerciantes muy en pequeño deban estar declarando sus actividades comerciales cada mes.
Además de la ignorancia que permea en un sector de la población, que no es pretexto para no prepararse y capacitarse, el problema estriba en que no hay capacidad económica para cumplir con obligaciones fiscales, según consideran líderes de agrupaciones de productores.
Según dicen, las ganancias que obtienen estas personas apenas alcanzan para subsistir, lo que en realidad necesitan incentivos para que sus actividades sean verdaderos negocios, que dejen utilidades dignas que les lleven a vivir mejor y a cooperar con el erario nacional, para que políticos y funcionarios cobren sus jugosos salarios.
Cuando se habló de acabar con la informalidad, todo mundo supuso que se acabaría con aquellos que evaden el pago de impuestos y cuyas ganancias son exorbitantes, pero el primero en poner el ejemplo fue el mismo presidente Peña Nieto, al permitir la condonación millonaria a la empresa Televisa. Claro, la televisora está formalmente inscrita en Hacienda, así que no se puede considerar informal.
En lugar de eso, ahora se busca perseguir a humildes vendedores de productos que salen de su propio terreno, esos son los que están poniendo en riesgo la estabilidad económica de México, personas que apenas si pueden subsistir con lo que ganan, que no han tenido oportunidad de educarse, de aprender a leer y escribir y menos de poder ver de cerca a quien eligieron para que los sacara del atraso en que viven.
Se supone que aquellos que logran grandes negocios, están de acuerdo en apoyar al gobierno para ayudar a las zonas marginadas de la nación, donde millones de mexicanos no tienen ningún tipo de seguridad social, ni escuelas, ni parques, ni nada que los haga ver como ciudadanos de este país y todavía quiere el gobierno que contraten servicios profesionales de contabilidad para que declaren su pobreza ante Hacienda.
