Frente a Trump, dos propuestas concretas
Ricardo Puig
El sábado pasado, Eunice Rendón, ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el ex canciller Jorge G. Casteñada organizaron un foro patrocinado por la revista Nexos y la red Viral para hablar de la agenda migrante frente a la amenaza Trump.
Viajó desde Estados Unidos una treintena de líderes de organizaciones de mexicanos allá y se reunió en una mesa, durante varias horas, con legisladores mexicanos y representantes de gobiernos locales.
Quiero referirme a dos ideas que tienen el mismo objetivo frente a la amenaza de Trump de iniciar en enero un programa masivo de deportación de indocumentados. La senadora Marcela Guerra preguntó a los líderes méxico-americanos si estarían de acuerdo con que a partir del 20 de enero México no aceptara a ningún deportado que no pueda certificar con documentos que es mexicano. Todos dijeron que sí.
La idea no es mala. Hoy México acepta a todos sin pedir papeles. Tiene una lógica, los indocumentados son exactamente eso, no tienen documentos ni de allá, y menos de acá. En las escuelas de Zacatecas, por ejemplo, hoy hay 9 mil niños que han vuelto de Estados Unidos y que toman clases como oyentes, porque no tienen actas de nacimiento. La idea es entonces sobrecalentar el sistema, complicar el trabajo a la migra que no tendría dónde entregar a quienes quiera expulsar. No habría centros de detención migratoria que pudieran guardar a tantos.
La segunda idea es la siguiente. Redirigir buena parte del presupuesto y conseguir aún más recursos para pagar abogados para aquellos a los que se pretenda deportar. Tener un abogado en la primera audiencia de deportación es clave para al menos retrasar el proceso y seguir sobrecargando el sistema. Según un estudio de la Universidad de Syracuse, las cortes federales estadunidenses tienen hoy 526 mil expedientes en reserva (backlog), de los cuales 492 mil son de casos migratorios, 116 mil de mexicanos. El promedio de retraso es de 600 días. Si cada detenido para deportar tuviera un abogado, el número de casos retrasados aumentaría y el sistema de justicia federal simplemente no tendría capacidad de procesarlos.
Estas dos acciones, que no tienen demasiada complicación, serían una respuesta concreta frente a la amenaza de Trump.
Lo escribo aquí porque, aunque estaban invitados, nadie del gobierno federal quiso participar en el foro. Tal vez ya habían comenzado sus vacaciones.
Twitter: @puigcarlos