LOS CALCINADOS DE CAMARGO
ALEJANDRO HOPE
Camargo es territorio peligroso. Fronterizo con Estados Unidos, colindante con Nuevo León, a medio camino entre Reynosa y Nuevo Laredo, ese municipio tamaulipeco ha sido, desde hace un buen tiempo, espacio de altos niveles de violencia criminal.
Ese peligro quedó de manifiesto el pasado 22 de enero: en el poblado de Santa Anita, ubicado en la esquina sureste del municipio, fue hallada una camioneta pick up con 19 cadáveres calcinados.
Casi diez días después, solo se ha podido identificar a cuatro de las víctimas. Dos eran mexicanos y dos más eran de nacionalidad guatemalteca. En Guatemala, se especula que otras de las víctimas pudieran ser migrantes de ese país vecino, pero eso está aún por confirmarse.
Este hecho terrible no sucede en un vacío. Camargo, como los demás municipios de la llamada Frontera Chica, ha estado desde hace varios lustros en el centro de una disputa entre varios grupos armados.
Los tiroteos son asunto frecuente en la región. En 2016, cinco civiles fueron abatidos y siete policías resultaron heridos en una serie de enfrentamientos en Camargo y el municipio vecino de Miguel Alemán. En 2017, otra balacera entre policías estatales y presuntos sicarios dejó tres muertos. En 2019, una banda de pistoleros, portando máscaras de payaso, sembró el terror en el municipio. Y esos son solo ejemplos recientes.
La región es ruta habitual de migrantes dirigiéndose hacia Estados Unidos. En febrero de 2018, más de 100 migrantes centroamericanos fueron encontrados en la caja de un tráiler en Camargo. En julio de 2019, 60 migrantes fueron detenidos en el municipio por personal del instituto Nacional de Migración. Un mes después, 26 extranjeros fueron descubiertos en una casa de seguridad de la misma localidad.
Dados esos antecedentes y ya con la confirmación de que al menos dos de las víctimas eran guatemaltecos, no es descabellado suponer que los hechos del 22 de enero estén conectados con el secuestro y extorsión de migrantes, a la manera de la masacre de San Fernando hace una década. De ser el caso, estaríamos ante la evidencia de tres problemas concretos:
1. Con alta probabilidad, el endurecimiento de la política migratoria mexicana, implementado por el actual gobierno federal para aplacar a Donald Trump, ha enviado a un número importante de migrantes hacia rutas y métodos más clandestinos y más dominados por bandas de la delincuencia organizada. En esas circunstancias, los riesgos para los migrantes son considerablemente mayores.
2. Al mismo tiempo, el arribo de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos puede haber generado (desde el periodo de transición) la expectativa en los países centroamericanos de un relajamiento de los controles fronterizos estadounidenses. Combinado con una política migratoria mexicana altamente restrictiva, ese factor pudo haber enviado a muchos más migrantes hacia rutas más peligrosas.
3. El uso de elementos de la Guardia Nacional para funciones de control migratorio, particularmente en la frontera sur, podría estar teniendo el efecto de limitar su capacidad de control territorial en la frontera norte y facilitando la operación de bandas de delincuencia organizada dedicadas al secuestro y extorsión de migrantes.
En resumen, los acontecimientos de Camargo no solo obligan a una investigación judicial a fondo, sino a una revisión seria de nuestra política migratoria. Con Trump fuera de escena, habría que dejar empujar a los migrantes hacia rutas cada vez más peligrosas. Al menos, es una necesidad ética abordar el tema con las nuevas autoridades estadounidenses.
