GUATEMALA DEMANDARA A TAMAULIPAS POR “CRIMEN DE ESTADO”
SALVADOR GARCÍA SOTO
Un artículo del senador Ricardo Monreal, que publicó en su página de internet el pasado viernes con el título “Camargo, Crimen de Estado”, daría pie a que el gobierno de Guatemala interponga una denuncia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusará al Gobierno del estado mexicano de Tamaulipas de haber cometido un crimen de Estado y de lesa humanidad tras comprobarse que fueron policías al servicio de ese gobierno los que asesinaron y calcinaron a 14 migrantes de origen guatemalteco, cuyos cuerpos han sido plenamente identificados. La denuncia que ya preparan las autoridades guatemaltecas, tomaría como referencia las afirmaciones del líder de la mayoría del Senado mexicano, quien asegura en su publicación que “el salvaje y artero ataque se encuadra en la tipología de ´crimen de estado’, el cual es definido como la acción concertada de agentes estatales para asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar o perseguir a grupos de civiles desarmados por motivos, sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales”.
De acuerdo con fuentes de la embajada de Guatemala en México, el texto del senador Monreal Ávila serviría para sustentar la denuncia que ya preparan los abogados del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en la que se exigiría que el gobierno de Tamaulipas asuma la responsabilidad total y plena de este crimen cometido contra ciudadanos guatemaltecos en su territorio y por parte de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GOPE) una fuerza policiaca estatal que además cuenta con varios antecedentes de haber estado involucrada y señalada de cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de ciudadanos y acusado de violaciones de derechos humanos en ese estado.
La demanda de Guatemala buscaría no sólo el reconocimiento de que la masacre de Camargo fue un “crimen de estado” sino también el pleno resarcimiento de los daños a las familiares de los 14 migrantes que, según las investigaciones, fueron interceptados por los policías estatales, detenidos ilegalmente, asaltados y luego acribillados y sus cuerpos quemados con la intención de ocultar evidencias y esconder el crimen que cometieron los agentes del estado. Incluso, en el mencionado artículo del senador Monreal, en el que se basará la denuncia de las autoridades guatemaltecas, el coordinador morenista solicita que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones de este caso, ya que “la masacre de Camargo del pasado 22 de enero, que no sólo afecta al estado (Tamaulipas) sino al país en su conjunto, como lo evidencian las denuncias que se preparan ante organismos internacionales por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del gobierno local”.
Aunque son de todos conocidas las enormes diferencias y hasta confrontaciones abiertas que existen entre el senador Monreal y el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en este tema de Camargo lo que podría venir, si se presentan y procesan las denuncias ante la CIDH, trasciende con mucho a las grillas políticas y colocaría, no sólo al gobierno tamaulipeco, sino al mismo gobierno de la República, ante una acusación de carácter internacional por violaciones de derechos humanos graves y por una masacre cometida por autoridades del Estado mexicano, justo dos cosas de las cosas que, en sus discursos, el presidente López Obrador ha dicho que “ya no suceden en México” durante su mandato.
De los 11 policías del GOPE de Tamaulipas que fueron acusados por la masacre de los 14 guatemaltecos y cuatro mexicanos hasta ahora ninguno ha sido detenido y se repite la historia de otros hechos graves de violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en los que se ha visto involucrado ese grupo de élite de la policía estatal.
