DURAZO, LA AUSTERIDAD Y LA TRAGEDIA DE TULUM
MARIO MALDONADO
Además del repudio y la indignación nacional, la historia de Victoria, la ciudadana salvadoreña que perdió la vida a manos de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo, despertó nuevamente el debate sobre la inversión que los municipios en México realizan para la capacitación de sus elementos policiacos, en un escenario en el que se percibe una grave crisis de inseguridad que afecta principalmente a las mujeres.
En el caso de Tulum, las autoridades responsables han insistido en que la policía municipal intentó actuar conforme a los protocolos respectivos de detención; sin embargo, como fue visible en los videos que inundaron las redes sociales, se cometieron excesos por falta de capacitación de los elementos y porque los protocolos deben ser perfeccionados.
Son muchas las variables que determinan que los cuerpos de seguridad estén a la altura de cada situación; una de ellas es la inversión financiera en el desarrollo de protocolos precisos y especializados, en los procesos de reclutamiento y formación de los elementos policiacos, y en la construcción de un perfil de puesto que sea adecuadamente remunerado.
En este escenario cobra mayor relevancia la desaparición en el presupuesto de la Federación para 2021 del llamado programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, mejor conocido como Fortaseg. Se trata de una bolsa de casi 4 mil millones de pesos que se repartía entre las localidades con mayores problemas de seguridad, precisamente para capacitar a sus policías y mejorar los protocolos de actuación.
El Fortaseg era un subsidio que formaba parte de la estrategia de seguridad pública desde 2016. Sustituyó en su momento al subsidio para la seguridad en los municipios (Subsemun), pero a diferencia de éste, que se enfocaba más en la parte de infraestructura, el nuevo modelo priorizaba el desarrollo de las personas, con el objetivo incluso de capacitarlas en materia de derechos humanos e igualdad de género.
Nació en el denostado sexenio de Enrique Peña Nieto, con un presupuesto superior a 5 mil millones de pesos, con miras a ir incrementando sus montos en cada nuevo ejercicio, y programado también para recibir aportaciones de los gobiernos de los estados, que llevarían a esta bolsa por lo menos otros mil millones adicionales para destinarlos a acciones de prevención social de la delincuencia.
Pero fue señalado por corrupción, como todo lo que tocó el neoliberalismo, además de que Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Ciudadana y ahora candidato al gobierno de Sonora, le vio una posible duplicidad con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados (FASP) y con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), que acumulan en conjunto unos 25 mil millones de pesos destinados a fortalecer la seguridad de más de 2 mil 500 alcaldías.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Fortaseg se redujo de 4 mil 900 millones de pesos asignados en 2019, hasta 3 mil 900 millones proyectados para el año pasado, aunque en realidad se terminaron ejerciendo sólo 3 mil millones para apoyar a unos 300 municipios en situación crítica.
Para 2021 el presupuesto del programa es cero, contra la voluntad de prácticamente todos los gobernadores y legisladores de oposición, que insisten en el apoyo de la Federación para profesionalizar a las policías de proximidad.
