Coahuila, ¿referente en estrategia de seguridad con mando civil?
MAITE AZUELA
Rubén Aguilar realizó un registro detallado de algunas de las acciones de política pública que en materia de seguridad se llevaron a cabo en la administración del exgobernador Rubén Moreira, con quien comparte créditos de autoría en el libro recientemente publicado “Coahuila: estrategia multidimensional para la paz”, de editorial Planeta, 2022.
Desde su perspectiva, Coahuila es una de las pocas historias de éxito en la contención de la violencia que además de reducir algunos índices delictivos ha logrado mantener los estándares a pesar de los cambios de gobierno.
Siempre se recurre al índice de homicidios y 2007 es para muchos un referente a nivel federal en la reducción de los mismos, lo interesante es que la mayoría de las veces no se revisan o comparan las cifras de desapariciones, que después de décadas y con la cantidad de fosas clandestinas en el país es posible imaginar que sustituyen en buena medida a los homicidios que ya no se contabilizan.
Aguilar y Moreira toman como referente el índice de homicidios dolosos por año: que se ha mantenido en el mismo nivel desde hace tres años, cerró el 2021 en 29 o 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, una cifra casi cuatro veces superior a la del 2007, y hablan de una historia de éxito para Coahuila, pues los homicidios dolosos descendieron de 616 en 2011, a 10 mensuales en promedio durante 2017. Señalan cómo esto contrasta con el aumento de los hechos violentos o delincuenciales en el resto del país a partir del 2017.
Entran a responder con franqueza el dilema entre cifras de reducción de homicidios y desapariciones. Describen que, aunque en el camino hubo tropiezos, no se hubiera podido avanzar sin un correcto respeto por los derechos humanos y, sobre todo, con un esfuerzo notable en materia de desaparecidos.
Hay redes de colaboración que consideran que fueron indispensables: tanto el papel que tuvo la sociedad civil en mancuerna con el gobierno, como el énfasis en la Policía Estatal, en la coordinación bajo el mando del gobernador, en el control de confianza, y en la voluntad política de la autoridad. Señalan que el número de policías estatales disminuyó ligeramente durante el sexenio de Rubén Moreira, pero la merma se compensó a través de mejorar la preparación y calidad de las policías. Es necesario señalar que el número de elementos militares en el estado creció de manera significativa durante el sexenio.
Narran cómo se conformó un diagnóstico robusto sobre los problemas de seguridad y sobre todo la identificación de bandas a las que describen como “de envergadura tanto nacional como internacional, provenientes de Tamaulipas y de Sinaloa, donde eliminaron o controlaron a los narcotraficantes locales”.
Uno de los puntos claves es que el narcotráfico crece por una incompleta cobertura de las autoridades federales y poca injerencia de las locales.
A diferencia de una estrategia militarizada, se puso el ojo en las policías locales que, como describen, contaban con bajos salarios, falta de preparación y de equipo, además de que no había escalafón de crecimiento profesional.
El libro plantea 15 áreas de intervención que vale la pena revisar. Lo que probablemente resulte urgente de consultar es la apuesta que se hizo en Coahuila por un gobierno que depositara su inversión en policías y que fuera determinante en que quien comandara la estrategia de seguridad fuera un perfil civil y no uno militar. Además de asumir su responsabilidad para tener datos sólidos de los resultados o fracasos de la estrategia y darlos a conocer.
Claramente el tema no está resuelto, lo rescatable es la perspectiva integral de abordar la inseguridad y la renuncia a los liderazgos castrenses. Se incrementó la presencia de militares como lo indicó la Federación, pero subordinados al mando civil local.
Si revisamos el tema de desapariciones, en 2014 había un total de 1,683 desaparecidos como resultado de la guerra contra el narcotráfico desde 2011. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) registra que 2015 concluyó con 102 personas desaparecidas; 2016, con 92; 2017, con 65, y 2018, con 63. Las cifras se vuelven a elevar para 2019, cuando se contabilizaron 92 y, aunque en 2020 bajó a 74, el año pasado las desapariciones repuntaron a 114. Esto significa que el año que recientemente finalizó, además de representar 80.9% más que lo acumulado en 2018, tuvo la cifra más alta desde 2015. ¿Será que la estrategia integral documentada por Aguilar y Moreira ha sido abandonada?
