A ocho años de la desaparición de los normalistas, hoy gracias a la ardua investigación del gobierno federal, sabemos que la supuesta “verdad histórica”, fue una narrativa construida por la Procuraduría General de la República (PGR) para ocultar un crimen organizado por el Estado.
Sembraron y manipularon evidencias, torturaron a presuntos implicados, para controlar a los padres de los jóvenes desaparecidos, y a una sociedad que clamaba justicia en las calles.
Desde 2019, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa ha impulsado decenas de acciones de búsqueda en terreno, trabajo de contexto y documental, así como el análisis de pruebas científicas con instituciones nacionales e internacionales, análisis telefónico de mensajes, ubicaciones y redes, reuniones periódicas con familiares y ha contrastado fuentes y evidencias para conocer el destino de los 43 estudiantes de la Normal para así, lograr su identificación y hallar a los verdaderos responsables.
La ciencia y la tecnología han estado al servicio de la verdad para esclarecer un crimen de Estado que sea encarado con voluntad política e ir al fondo.
Ante el caso, hay 13 fuentes de información y documentación que han sido proporcionadas por la Segob, la Sedena, la Marina, la Secretaría de Defensa y Protección Ciudadana, el CNI, la Guardia Nacional, la Procuraduría y Fiscalía del Estado de Guerrero, la Procuraduría y Fiscalía General de la República, los informes que ha elaborado en GIE, el centro GEO de Conacyt, la CNDH, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y de manera destacada los testimonios y colaboración de 115 personas que conocen o estuvieron involucrados.
La obligación de otorgar verdad y justicia a las familias de los 43 jóvenes de Ayotzinapa sigue vigente y es importante que se continúe corroborando lo que ocurrió, pero con prácticas alejadas de violaciones a los derechos humanos, como sucedió en el pasado. El gobierno de la 4T de modo que ya están en la cárcel personas presumiblemente responsables, como militares y autoridades locales, como el exprocurador Murillo Karam, y continuará pidiendo justicia y castigo a los responsables.
Se seguirá integrando la investigación del caso contra las personas que resulten responsables, respetando el debido proceso. Para esta administración, el debido proceso es un derecho que debe respetarse en cualquier procedimiento. Los procesos abiertos contra el Ejército no significan querer manchar a la corporación; ni mucho menos responsabilizar a toda la institución por la desaparición de los 43, pero “ellos deben asumir su responsabilidad (…) si se actúa con rectitud, y no hay impunidad el Ejército no se verá afectado”, considera el presidente López Obrador.
Una de las hipótesis que existen sobre el porqué encubrieron estos hechos es que alguien con influencias sostuvo que se iba a afectar al Ejército, cuando al contrario éste se ve afectado si se encubren ilícitos. Cabría preguntarnos, ¿cuándo se había iniciado un proceso en contra de un general, de un batallón de la Secretaría de Defensa?
El gobierno continuará con las investigaciones y rompiendo el pacto de silencio e impunidad; se hará justicia, aunque como es natural hay muchos intereses en juego.
Una de las promesas de campaña del Presidente fue hacer justicia en el caso Ayotzinapa; y avanza; nada ni nadie detendrá la transformación del país.
POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO
