El miércoles, una tragedia cimbró a Guerrero
Un grupo de pistoleros, asociado supuestamente a una banda local conocida como Los Tequileros, atacó el municipio de San Miguel Totolapan, ubicado cerca de los linderos con el Estado de México. El alcalde y varios funcionarios municipales fueron asesinados, al igual que varios policías y un número importante de civiles. Según la fiscalía guerrerense, 18 personas habrían perdido la vida como resultado de la agresión.
Este es el tipo de incidentes que a menudo se utiliza para mostrar que las autoridades locales están rebasadas por la delincuencia organizada y que no queda más que permitir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El problema es que la región en cuestión tiene una amplia presencia militar. Es una zona de producción de amapola y trasiego de heroína, donde hay campañas frecuentes de erradicación de cultivos ilícitos. El Ejército y la Guardia Nacional han realizado en fechas recientes operativos amplios de patrullaje y vigilancia. En Ciudad Altamirano, a una hora en carretera del lugar de la masacre, hay tanto una base militar como un cuartel de la GN.
Entonces, hay que señalar lo obvio: la tragedia sucedió no por ausencia de personal militar, sino a pesar de su presencia.
¿Pero no se podría argumentar que la situación sería peor si el Ejército no estuviese en las calles? Sí, pero para eso sería necesario presentar evidencia.
Y eso es precisamente lo que no ha habido a todo lo largo del debate legislativo sobre el uso continuo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado el debate se libró en un espacio lleno de fantasmagoría y carente de datos.
En las muchas horas de discusión, no hubo un solo promotor de la extensión del plazo del traído y llevado artículo quinto transitorio que mostrase evidencia vinculando un incremento de despliegue militar a un decremento de la incidencia delictiva. O al revés: menos despliegue militar, más delito y violencia. Nada: ni un solo número ni un solo reporte ni un solo artículo. Con trabajos, llegaron a anécdotas.
Tampoco se pudo escuchar a nadie ofrecer simples datos sobre la materia: ¿a cuántas personas pusieron a disposición del Ministerio Público el Ejército y la Marina desde que se les dio la facultad legal y constitucional de hacerlo en 2019? ¿Cuántos informes policiales homologados (IPH) firmaron soldados y marinos (en su calidad de soldados y marinos, no guardias nacionales) desde entonces? ¿Cuántas veces se presentaron y declararon ante un juez de control?
Y esos datos son importantes porque lo que se ha venido discutiendo no es tener a las Fuerzas Armadas en las calles (eso no quiere decir nada en concreto), sino darles una base legal para hacer funciones de seguridad pública. Permitirles actuar como policías, con todas las de la ley. Entonces cabe la pregunta de qué tanto han usado las facultades que tienen desde hace tres años. O puesto al revés, ¿de qué nos perderíamos en concreto si dejasen de tenerlas?
Por supuesto, ni un solo promotor de la propuesta aventuró un número. Ni uno solo. Simplemente se debatió desde la premisa no probada que las Fuerzas Armadas son eficaces en el combate al delito.
La masacre de San Miguel Totolapan es un nuevo recordatorio de la fragilidad del argumento militarista. Sucedió allí donde hay presencia de las Fuerzas Armadas. A pesar de ella y tal vez como resultado como ella. Como lo han argumentado múltiples investigadores, el despliegue militar puede acelerar y no detener ciclos de violencia.
