Hace pocos días, en la ciudad costera de Sharm el-Sheikh, en Egipto, a orillas del Mar Rojo, se efectuó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta cumbre anual empezó a realizarse en 1995, por lo que este año se celebró su vigésimo séptima edición (COP27).
El objetivo central de la COP27 fue establecer acuerdos para disminuir los efectos del cambio climático e instaurar una hoja de ruta que permita limitar el aumento de la temperatura global; adoptar medidas para la reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero y el cumplimiento de los compromisos de financiación de la acción climática en los países en vías de desarrollo.
Los objetivos de la Cumbre son fundamentales para la estabilidad del planeta y la humanidad en un futuro cercano, toda vez que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que los últimos ocho años han sido los más calurosos registrados a escala global hasta la fecha, los cuales han generado miles de fallecidos, millones de damnificados y desplazados, y pérdidas económicas incuantificables.
De estos efectos nocivos no se ha librado América Latina y el Caribe. De acuerdo con el último informe del Banco Mundial (BM), titulado Hoja de ruta para la acción climática en América Latina y el Caribe 2021-25, los desastres relacionados con el clima, como huracanes, sequías, incendios e inundaciones, son cada vez más frecuentes e intensos en la región.
América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables al poder destructivo de este tipo de fenómenos, con costos anuales a causa de las interrupciones en los sistemas de infraestructuras de energía y transporte equivalentes a 1% del producto interno bruto (PIB) regional y hasta 2% en algunos países de Centroamérica.
Como lo ha señalado el jurista italiano Luigi Ferrajoli: la emergencia más dramática que está enfrentando el mundo es la del calentamiento climático. El medio ambiente ha sufrido daños enormes y crecientes, generados por el desarrollo industrial ecológicamente insostenible de los países ricos, que se han revelado mortíferos, en sus efectos, para las poblaciones de los países pobres.
Pese a la importancia de la emergencia climática, la COP27 ha sido eclipsada por las divisiones en el contexto internacional causadas por la guerra en Ucrania, las crisis económica y energética mundiales, la atención prioritaria a los efectos de la pospandemia por parte de todos los gobiernos y Estados, lo cual ha dificultado la generación de compromisos, que hoy se vuelven impostergables.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha señalado que, frente al daño ambiental y el cambio climático, el objetivo es apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para prevenir y combatir los efectos sociales de estas amenazas y, así, promover la paz y la estabilidad regionales.
BALANCE
La incidencia de la emergencia climática en la esfera democrática es estrecha e indivisible, porque está vinculada con la generación de condiciones de gobernabilidad dentro de cada uno de los países del mundo en un entorno áspero y polarizado, amplificado por las redes sociales.
La ausencia de compromiso, solidaridad y cooperación podría marcar el inicio de la desaparición del ser humano en el planeta, o por lo menos reducirá de manera significativa la calidad de vida y el bienestar de millones de seres humanos el mundo.
El cambio climático no se detiene, ni espera acuerdos o resoluciones. Los efectos nocivos continuaran con su ritmo inexorable e impredecible, afectando a personas y sociedades a lo largo y ancho de todo el planeta. Es hora de actuar, el tiempo se agota.
