Tradicionalmente la seguridad social ha estado anclada a la filiación laboral. Lo lógica era que para acceder a estos derechos era necesario estar inscrito en un determinado régimen de trabajo. Este vínculo permitía un esquema en cual el trabajador, el patrón y el Estado aportaban al financiamiento del sistema. Sin embargo, en las últimas décadas este esquema se ha visto cuestionado por otro modelo que aboga por el acceso universal a la seguridad social.
Este desplazamiento tiene muchos factores. Por ejemplo, a partir de que la seguridad social fue considerada como un derecho humano, es decir, como un derecho inherente a la dignidad humana, su circunscripción a un tipo de trabajo se puso inmediatamente en entre dicho. Cualquier condicionamiento a este derecho implicaría su violación. En la práctica, el cumplimiento de este derecho humano debería conducir a una reformulación total de los sistemas de seguridad vigentes.
Otro factor tiene que ver con la propia realidad del trabajo. Si durante todo el siglo XX las expectativas sociales estuvieron puestas en la expansión del empleo formal, la realidad actual nos dice otra cosa. La cartografía del trabajo nos muestra una pluralidad de formas que van más allá del empleo formal. Tan sólo en nuestro país, casi el 60% del trabajo pasa por un circuito diferente. Esto ha significado la exclusión de millones de mexicanos y mexicanas del sistema de seguridad social.
El pasado 31 de agosto se publicó el decreto que crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar). La medida se suma a la modificación en el Sistema de Ahorro para el Retiro. En ambos casos se intenta dar una solución a las dificultades que gran parte de nuestra población tiene para acceder a derechos vinculados a la seguridad social como la salud y la jubilación.
En el caso del IMSS-Bienestar, la reforma abre a la institución a todos los ciudadanos que requieran atenderse independientemente de su forma de trabajo. La modificación que baja de 1,250 a 750 semanas el acceso a la jubilación es un reconocimiento tácito de la deuda que tiene el Estado frente a millones de trabajadores precarizados. Actualmente sólo acceden a una pensión el 30% de las mujeres y el 50% de los hombres que cuentan con una cuenta de retiro.
Con estas medidas, estamos asistiendo a los primeros trazos de un nuevo sistema de seguridad social, que debería incluir otros derechos de cumplimiento obligatorio, como la vivienda. Es indispensable repensar tanto la estructura de financiamiento como las capacidades estatales que hagan sustentable este nuevo sistema, pero sin duda son pasos firmes hacia un nuevo Estado Social capaz de garantizar bienestar a toda su población.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
