Es un término que todas y todos conocen muy bien, pero desconocido ante el Estado. Implica una ausencia no deseada. Una violencia de terror, orquestada por diversos grupos, algunos de ellos en el poder. La desaparición forzada es un concepto amplio, el cual se expandió hace tiempo a instancias más allá de los ámbitos forenses, como las ciencias sociales, asociaciones civiles o instituciones no gubernamentales, en conjunto o separadas. Todas estas se plantean la cuestión de la desaparición, cada una con diferentes motivos e intereses.
En México, desde 1964 se empezó a contar el número de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Fecha de interés, pues para entonces apenas se estaba empezando a hablar de la desaparición en términos jurídicos y sobre su importancia para las Naciones Unidas. El caso de las desapariciones forzadas en Argentina durante la dictadura militar representó un hito para comprender la desaparición en América Latina, sin embargo, es fundamental tener en cuenta que para acercarse a este concepto se deben considerar sus lugares de origen y contextos propios.
Esto es debido a que, aunque la definición jurídica de la violencia parece ser de carácter general, sus formas, acciones y maneras de interpretarse surgen desde una determinada experiencia. La desaparición de un mexicano por la guerra contra el narcotráfico no tiene el mismo peso político ni las mismas repercusiones que la de un argentino privado de su libertad en el periodo de la Junta
Militar. Cada situación debe analizarse en función de sus propias circunstancias.
En México, hace muchos meses que se superó la cifra de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). El conteo empezó en 1964, pero parece contar con momentos clave anteriores. Es fundamental tomar en cuenta, como con cualquier estadística, que estos datos no son carentes de errores, ni pueden ser representativos de cómo cada persona vive la desaparición en el país.
Ante la falta de interés y responsabilidad de la autoridad para brindar soluciones a esta problemática, recae en otras instancias el reconocimiento y la búsqueda de las personas desaparecidas. Se presenta el caso de las Madres Buscadoras, civiles que han conseguido, por medio de sus propios esfuerzos, otorgar un reconocimiento social a los cuerpos ausentes. Es un trabajo muy duro que se ha extendido a otros estados de la república.
Una labor que permite ver y conceptualizar la desaparición. Todavía siguen esos cuerpos sin una nueva identidad jurídica, su estatus se encuentra en pausa, por si alguien los encuentra.
POR IGNACIO ANAYA
