Era decididamente un paso indeseable, negativo, pero desde un políticamente retorcido punto de vista, algo lógico. Tal vez una solución para un sistema político peruano tan atribulado que lleva cinco presidentes en los últimos seis años.
El intento de golpe de Estado, como lo definió el Congreso, fue la jugada desesperada de un mandatario, Pedro Castillo, prácticamente en vísperas de ser impugnado e imposibilitado literalmente de gobernar por la interferencia de un poderoso Parlamento con un régimen que se encontró en crisis permanente.
Pero al mismo tiempo fue un intento de romper con lo que es el orden político constitucional peruano.
Castillo enfrentaba su tercer proceso de destitución "por incapacidad moral" y "corrupción" desde el 28 de julio de 2021, cuando tomó posesión, con el apoyo de 50.5% de un electorado que en buena parte votó por él preocupado por impedir un triunfo derechista a través de la entonces candidata y hoy lideresa opositora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular.
Pero hay que subrayar que con 24 diputados Fuerza Popular tiene la mayor bancada en el Congreso, que divide sus 130 escaños entre 13 partidos y tal vez hasta media docena de independientes (no agrupados). La creación de coaliciones pues resulta un tema prácticamente imposible en un cuerpo tan fragmentado y Castillo, con toda su buena voluntad, pero con muy poco espacio de maniobra y menos sentido estratégico, se vio más y más arrinconado.
La que quizá haya sido la señal más visible de sus problemas fue la constante renovación de su gabinete sea por el despido de hasta tres equipos completos más las renuncias individuales. Sólo el martes tuvo cuatro tan pronto anunció su idea de disolver el Congreso. Si la acusaciones eran cien por ciento ciertas, sólo parcialmente veraces o falsas en cualquier grado, queda al criterio de quien las interprete, lo cierto es que el que Castillo es el quinto Presidente destituido u obligado a renunciar desde 2018. La idea de "incapacidad moral" ha estado presente con frecuencia en acusaciones contra los gobernantes en ejercicio. Castillo, sin embargo, fue el primero en desafiar al Congreso por la ruta de la disolución.
Castillo llegó al poder con el respaldo del partido Perú Libre, un partido de izquierda que logró apenas 17 escaños, menos del 15% del Congreso unicameral, y el miércoles se revolvió contra la insurrección del mandatario, a la que calificó como "golpe de Estado en desarrollo". Más aún, votó luego por la destitución del Presidente.
El hecho real es que Perú es un ejemplo irregular en una región donde normalmente dominan los poderes ejecutivos. En ese país, el verdadero poder político reside en el Congreso.
Ciertamente el aparente final del régimen de Castillo no implica que la permanente condición de crisis política haya terminado en Perú. Simplemente que mientras los peruanos no se pongan de acuerdo para cambiar el sistema, solo habrá cambio de protagonistas: la telenovela será la misma.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
