Cubierta de sangre, Verónica llegó a un centro médico de la Cruz Roja en Veracruz con una bebé en sus brazos. Lo que el personal médico no sabía, era que esa bebé había sido extraída del cuerpo de Rosa Isela, quien yacía muerta en “Los Arrieros” después de haber sido brutalmente asesinada. Hace cuatro años, lo mismo vivieron Judith y Esmeralda.
Desde 2018, se registran oficialmente al menos seis feminicidios de mujeres jóvenes entre los 17 y 23 años que se encontraban en la última etapa gestacional de sus embarazos. La mayoría fue engañada a través de redes sociales por personas que les prometían ropa, para arrebatarles a sus bebes al nacer después de un parto forzado.
Esta tendencia evidencía una práctica que refleja la decadencia y descomposición del tejido social ejercida contra las mujeres. Nuestros vientres y maternidades son utilizados para vulnerar el derecho a una vida libre de violencia. Estos casos nos recuerdan que las mujeres también pueden ejecutar feminicidios y ser autoras intelectuales.
Veracruz es el único estado del país que tiene dos declaratorias de alerta de género. La primera es la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por violencia feminicida y la segunda es una alerta por Agravio Comparado. La sociedad civil ha demandado desde 2019 que se declare otra alerta de género en Veracruz por Desaparición Forzada ante el incremento de la desaparición de niñas y mujeres, ya que actualmente hay registro de 7 mil 435 personas desaparecidas y no localizadas en el estado.
Además, es la tercera entidad en registrar el mayor número de feminicidios con 60 casos entre enero y octubre de 2022. La tasa de feminicidios es mayor a la media nacional (1.17%), con 1.35%. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, Veracruz mantiene una prevalencia de violencia contra las mujeres del 68.2%, cerca de la media nacional, la cual es del 70%.
Feminicidios como el de Rosa Isela, se caracterizan por el uso de la violencia extrema. En el caso de Esmeralda en 2018, se registró que su muerte fue ocasionada por una hemorragia vaginal derivada del parto forzado. Cuando se encontró su cuerpo, la placenta aún continuaba dentro de su útero. Una de las versiones sobre la investigación de su asesinato sugería la posibilidad de un aborto provocado y decidido por quien sería la madre, reflejando la ausencia de la perspectiva de género durante el estudio de posibles feminicidios. Cuatro años después, en pleno 2022, la sociedad civil aún tiene que exigir que las investigaciones se apeguen a la perspectiva de género y se manejen con sensibilidad en el marco de delitos tan violentos.
Es fundamental que el enfoque interseccional sea implementado para entender que la violencia de género se agrava cuando se trata de mujeres jóvenes embarazadas en situaciones económicas desfavorables, y que, además, hay una conexión probable de estos delitos con la trata de personas. Es urgente e inaplazable frenar la violencia contra las mujeres, esta violencia aberrante no puede repertirse, no existen palabras ni acciones que puedan servir de consuelo a las familias que sufren estas perdidas.
Laura Esquivel Torres
