En un entorno cada vez más complicado para las empresas de telecomunicaciones, Megacable decide competir sola, aunque no ofreció detalles a los inversionistas sobre su estrategia de crecimiento.
Como se sabe, las compañías que cotizan en el mercado bursátil están obligadas a transparentar sus decisiones ante un evento relevante.
Por ello resultó extraño que en un comunicado simple y sin dar más detalles, Francisco J. Bours, presidente del Consejo de Megacable, decidiera rechazar la oferta de fusión de Televisa. Se trataba de una operación, que además del incentivo económico, dejó sobre la mesa que Megacable conservaría el control operativo y su nombre.
Lo cierto es que ante un escenario económico complejo para las empresas, y en especial para la competencia en las telecomunicaciones, el mercado no veía con malos ojos la premisa de establecer alianzas o sinergias para mantenerse a flote, competir o incluso despegar, de ahí que cuesta trabajo entender las razones que llevaron a Megacable a rechazar el acuerdo con la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean.
Son muchas las bondades del eventual acuerdo: se crearía una empresa en donde Televisa tendría 55 por ciento de participación y Megacable 45 por ciento, y alcanzarían 11 millones de suscriptores. Anote que los inversionistas de Megacable tendrían derecho a un dividendo especial en efectivo por aproximadamente 14.8 mil millones de pesos.
El planteamiento era robusto de cara a convertirse en verdaderos competidores del empresario Carlos Slim que, durante décadas ha dominado y monopolizado el sector de las telecomunicaciones, y además ha trascendido que estaría a punto de poder ofrecer servicios de TV de paga al cobijo de la 4T.
Se trata, sin duda, de tomar decisiones para vivir o morir pronto, y donde parece que Megacable está optando por un futuro francamente incierto.
LA RUTA DEL DINERO
Está por cumplirse un año desde que el gobierno federal decidió darle otro uso a los terrenos de Calica en Playa del Carmen, no obstante de que existe desde 2018 un arbitraje internacional en el marco del TLCAN. La estrategia con la que algunos miembros del gabinete convencieron al presidente Andrés Manuel López Obrador para adueñarse de esos terrenos, y utilizarlos para el traslado del material del Tren Maya y la construcción de hoteles ecoturísticos, se entrampó desde el momento en que le clausuraron las instalaciones en mayo pasado.
De aquel momento a la fecha, el tribunal ha continuado con el litigio e incluso recomendó a México no hablar públicamente del conflicto. Ante tal recomendación, en su lugar han movilizado a grupos locales para tratar de interponer, sin mayor éxito, una demanda colectiva en contra de la empresa, así como una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
POR ROGELIO VARELA
