27 de Noviembre de 2024

Expropiación, compromiso social / Ricardo Peralta

columnas heraldo

 

La expropiación tiene origen en el artículo 27 constitucional, de los más extensos de nuestra Carta Magna, el que en sus 20 fracciones regula y define lo concerniente a la propiedad de la nación y cómo se puede transferir a propiedad privada.

Señala también las definiciones respecto a los recursos naturales maderables, minerales, aguas, combustibles fósiles, nucleares, la tenencia de la tierra, la vida comunitaria de los ejidos para el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas, y toda la regulación agraria relacionada con la actividad agrícola y ganadera. También menciona la posibilidad de otorgar concesiones sobre dichos recursos. Todo esto forma parte de nuestra historia en la composición de la geografía política, económica y social de la nación entera.

La ley secundaria es la Ley de Expropiación creada en 1936 por el General Lázaro Cárdenas del Río, hecha exprofeso para la histórica expropiación petrolera; desde entonces su espíritu refiere que sólo podrán realizarse expropiaciones por causa de utilidad pública e indemnización.

Las expropiaciones pueden ser de manera parcial o total y de ocupación temporal, entre otras.

Una forma de explicar las expropiaciones es entender que en los casos de beneficio social es una reintegración al patrimonio original de la nación mexicana, donde la Constitución le reconoce como primordial propietaria.

La Ley de Expropiación reconoce en 12 fracciones los argumentos de utilidad pública, entre ellos, la explotación de un servicio público, la construcción de puertos, aeropuertos, obras de infraestructura pública y las mejoras de bienes inmuebles derivadas de sus condiciones.

El mayor ejemplo de patriotismo en favor de la  nación mexicana es la expropiación petrolera, como respuesta a los abusos cometidos en contra del pueblo trabajador por parte de las empresas extranjeras, que en tiempos del porfiriato se condujeron como los dueños del oro negro y sus derivados.

Un ejemplo contrario sensu es la expropiación de más de 40 mil hectáreas que, sin cumplir con algún razonamiento de utilidad pública, les despojó al pueblo yaqui, mediante decreto del expresidente Ernesto Zedillo; la única intención fue cederles a terceros actos posesorios de un territorio ajeno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el año pasado, les restituyó a los yaquis todos los derechos ancestrales sobre sus tierras, dejando sin efectos el apátrida decreto presidencial de Zedillo.

El Tren Interoceánico y su desarrollo se pensó a principios del siglo pasado para unir los puertos de Acapulco y Veracruz, del Pacífico hacia el Golfo y viceversa ;como nunca antes, el proyecto ahora de Oaxaca a Coatzacoalcos, se ha retomado con enorme contundencia; la visión de hace más de un siglo se configura ahora con un elemento de voluntad política que traerá enormes beneficios políticos, económicos y sociales al país entero. Se convertirá en una estratégica alternativa comercial y de transporte que cambiará las rutas del comercio nacional e internacional.

El garante de la legalidad en México, es el abogado Adán Augusto López Hernández, quien como secretario de Gobernación continúa con los acuerdos mutuos entre todos los participantes de esta asociación estratégica con un objetivo meramente social, de profundo patriotismo y nacionalismo histórico, con el blindaje que nuestra Constitución otorga.