Con la desaparición de PROMÉXICO en 2019, por decreto presidencial y motivos de austeridad presupuestal, también lo hicieron sus oficinas de representación en el mundo, incluidas las de Asia.
Si bien es cierto que en sus orígenes apoyó de manera importante los esfuerzos del gobierno mexicano en la promoción de inversión (30% de sus operaciones) y comercio (70% de sus operaciones) en el mundo, esta lógica cambió para concentrarse los últimos años de su existencia a 70% de sus esfuerzos en la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y el resto en promoción comercial, es decir, 30%, lo que dejó desamparadas y desatendidas a una gran cantidad de Pymes lejos de los mercados internacionales.
En el caso de haber sido atendidas para ser llevadas de la mano en su proceso de internacionalización, debieron pagar una cuota de recuperación por los servicios de consultoría.
A mi juicio, fue una mala idea en materia de diplomacia comercial, ya que si consideramos que una gran cantidad de empresas que se encuentran en esta categoría no tienen recursos económicos y humanos para ello, por consiguiente no exportan y sólo en algunos casos, tienen acceso limitado a capacitación y financiamiento para su expansión global.
PROMÉXICO dejó de responder a los intereses económicos del país, de ser una Agencia de promoción comercial nacional a estar al servicio de las grandes empresas extranjeras que buscaban invertir en México.
Esto se deterioró aún más con la fusión de Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEX) que solamente quedaron como banca de desarrollo, es decir, de segundo piso, alejadas de las funciones que PROMÉXICO desempeñó en promoción de comercio e inversiones y capacitación en materia de comercio internacional.
En este escenario, Asia no fue la excepción. La mayoría de los esfuerzos de PROMÉXICO en los últimos años de su existencia se concentraron en la atracción y aterrizaje de las inversiones de grandes corporaciones asiáticas, japonesas principalmente (automotrices, autopartes y manufactura), muchas de ellas con capacidad de autogestión.
Sin embargo, con la urgencia y metas estipuladas por esa organización, entró en un sistema de pauperización y calidad de las inversiones que ponía en competencia a los Estados de la República y, por ende, a sus gobernadores y finalmente a las Secretarías de Desarrollo Económico Estatales, que competían ferozmente por dichas inversiones a base de ofrecer mejores condiciones (incentivos) con respecto a sus competidores (otros Estados), que se sumaban a los que la Federación ofrecía a través de la Secretaría de Economía.
Al final, las empresas imponían criterios, condiciones y en ocasiones, se les ofrecía a través de algún fideicomiso extraordinario con devoluciones de la inversión que podía ser entre aproximadamente 1 y 3% de la inversión total. Y sin considerar, claro, el compromiso del Estado donde se localizaría la inversión, es decir, donación de terrenos, infraestructura como construcción de caminos, carreteras, escuelas, hospitales, luz, agua, transporte, seguridad, entre otros servicios.
Además, los promotores de la inversión gubernamental y los desarrolladores privados acudían a los municipios para negociar incentivos extra, como la reducción del pago de predial o permisos de impacto ambiental sin su estudio correspondiente, bajo el argumento del impacto positivo en la comunidad, por ejemplo con la generación de empleo.
El resultado de todo esto se reflejó en una inversión de baja calidad, con salarios deprimidos en comparación con otros países. Había en todo esto un impacto negativo al desarrollo sustentable e integral de las regiones donde se establecía la inversión. Con esto, no quiero decir que la IED sea mala, pero había una asimetría y condiciones desventajosas en el proceso de su negociación y aterrizaje.
