Margarito Escudero Luis
¿Alguien sabe por qué se guarda en secreto el contenido de los convenios firmados entre los ejidatarios de Tatahuicapan y el Gobierno del estado?
Esa secrecía no abona en nada a la mentada transparencia que en estos últimos meses se ha cacareado por parte del gobierno federal y que repiten como loritos todos los funcionarios del país.
Bien dice Esteban Enríquez, el dirigente de los comerciantes en Coatzacoalcos, que los ejidatarios cierran las válvulas del Yuribia porque el gobierno no cumplió con lo pactado.
Pero sólo ellos saben lo que firmaron, no hay forma que la sociedad apoye a uno o a otro si no sabe qué se pactó.
Nadie puede decir que se apoye a los campesinos serranos y se les cumpla, cuando se está en riesgo de apoyar una barbaridad o algo imposible de cumplir.
Únicamente se ha hablado de pavimentaciones y algunas obras de tipo social, pero a fondo no se sabe el pacto y los ejidatarios, sin decir agua va, toman la presa, nos dejan sin agua y alwegan que el gobierno no les cumplió.
Y todos desde la sequía provocada, tenemos que aceptar que así es, aunque nunca sepamos en qué les falló el gobierno.
Porque en ese caso, cualquier ciudadano, cualquier grupo social, puede tomar cualquier empresa, cerrar calles y carreteras y decir que el gobierno no ha cumplido, porque en verdad, el gobierno no ha cumplido muchas de las cosas que se prometieron en campaña y las cosas cada vez se ven más difíciles para el ciudadano común.
Lo raro es que en estas seis veces que se ha parado la presa en este año, una de ellas con daños serios a los ductos, el gobierno cede parcialmente, presuntamente, se vuelve a firmar otro pacto y asunto arreglado.
Pero no hay responsabilidades de quienes atentaron contra la salud y la vida de más de medio millón de personas y lo hacen una y otra vez, alcanzando ya seis veces en el año, sumando una amenaza de destruir la presa si no se les cumple.
Entonces ¿Qué es lo que esperan los ejidatarios que les cumpla el gobierno?.
Porque esa falta de información lleva a las conjeturas. Ya por ahí se dice que los líderes el movimiento campesino recibieron diez millones de pesos (¿alguien puede comprobarlo?) y como siempre sucede en estos casos, no faltan aquellos que, en su afán por quedar bien con los funcionarios, inventan cualquier cosa, para enlodar a quien sea.
Pero guardar en secreto convenios que atañen a medio millón de ciudadanos veracruzanos, a instalaciones que deberían ser estratégicas y al desarrollo de comunidades marginadas, sí se presta a malas interpretaciones.
LA FURIA DEL ÁGUILA
EL tema del comandante Águila sigue generando noticias. Taxistas de la CNOP de plano le piden a Arturo Bermúdez Zurita, Secretario de Seguridad Pública, que destituya a Lázaro Pérez Flores, el llamado y ya temido “comandante Águila”, por considerarlo un tipo peligroso y agresivo.
Pérez Flores fue increpado por el delegado de Tránsito, Pedro Quiroz, porque estaba usando los servicios de grúas Vázquez, una empresa que ya no debe trabajar para Tránsito.
Al parecer al tal Águila no le gustó que se le llamara la atención y arremetió contra su superior.
Se supone que por el sólo hecho de haber lesionado a un superior, Lázaro Pérez debería estar suspendido, pero continua trabajando, alegando que él sólo recibe órdenes de Arturo Bermúdez Zurita.
Entonces, aquí el jefe de Seguridad Pública de Veracruz, debería saber que se está cometiendo un atropello, desconociendo la autoridad del delegado de Tránsito y al rato, cualquier elemento se puede insubordinar a Quiroz, alegando estar palanca con el de hasta arriba.
El caso es, que además de delincuencia, los taxistas deben lidiar con un comandante que está palanca arriba y que puede hacer lo que quiera.
Así que tenemos una clara muestra de falta de transparencia con los acuerdos del Yuribia e impunidad rampante de un comandante que puede agredir a su superior.
Claro, más lo que se acumule en esta semana que viene, cuando el puente Coatzacoalcos Uno esté cerrado por cinco días.
¡Una chulada de verdad!
