- Hasta septiembre de 2024, reportes indican que hubo 57 mil 494 víctimas de extorsión, aunque la cifra puede ser mayor, debido al temor de las personas para denunciar.
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO
En vez de disminuir los índices de incidencia delictiva durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en varios ilícitos aumentaron y alcanzaron cifras récord desde que existen registros. Tal es el caso de la extorsión, que el mismo exmandatario reconoció que no pudo reducir, así como la violencia familiar y el narcomenudeo.
Especialistas apuntan al crimen organizado como una de las causas y afirman que hubo una política de seguridad fallida. Las cifras más bajas de dichos delitos se reportaron en diciembre de 2018, indica el reporte de Víctimas de Delitos del Fuero Común, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el primer mes del gobierno pasado, hubo 567 víctimas de extorsión; en octubre de 2019 se dio el primer pico con 856, para agosto de 2021 hubo 880 y en 2022 se rompió récord con mil 141 víctimas en abril; mil 117 en mayo y mil 141 en junio. Para 2023 y 2024, la incidencia se mantuvo. Es decir, se incrementó 101.2% respecto a diciembre de 2018 y abril de 2022.
Hasta septiembre de 2024, reportes indican que hubo 57 mil 494 víctimas de extorsión, aunque la cifra puede ser mayor, debido al temor de las personas para denunciar, y que las autoridades, al estar cooptadas por el crimen organizado y formar parte de los anillos de protección, dejan desatendido el problema, dijo David Saucedo, especialista en seguridad.
"Es un delito que se denuncia poco porque las víctimas tienen miedo de represalias por parte de los grupos que extorsionan. Es común que haya ataques en contra de los comerciantes, locatarios, taxistas y de profesionistas que sufran algún tipo de delito de extorsión. Y basta con que haya un primer asesinato para que los demás integrantes de su gremio decidan no presentar una denuncia", advirtió.
Al respecto, Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) precisó que la extorsión observó un incremento durante la pandemia, pues los delincuentes, al verse imposibilitados de salir a la calle, se adaptaron a medios digitales para cometer este delito.
"Los delincuentes se dieron cuenta de que podían conseguir el mismo rédito económico y con menos riesgos a que pudieran ser aprehendidos o lastimados de alguna forma. Aumentó de muchas formas, principalmente la telefónica, y también muchos delitos que todavía no podemos medir porque no existe un reporte que se publique, pero los delitos cibernéticos, todo lo que tiene que ver con fraudes, con robo de identidad, como robos en WhatsApp", dijo Fernández.
Ambos expertos coincidieron en que no se ha logrado reducir el impacto de los grupos de crimen organizado, no solo de narcotráfico, sino de cualquier otra índole como el huachicoleo, tráfico de personas, piratería y muchas veces tráfico de mercancías. "La extorsión ha demostrado ser un delito que les genera mucho dinero de nuevo con muy pocos riesgos", apuntó Fernández.
Agregó que es un delito con cifra negra, 100% de impunidad y que genera muchos recursos y es la forma que han encontrado los grupos de la delincuencia organizada para enriquecerse. Además, la estrategia fallida de abrazos no balazos y la presencia de la Guardia Nacional no lograron disminuir ni la actividad ni el poder de estos grupos.
"Se controló relativamente el homicidio, no podemos hablar de que hubo un descenso o una mejora, pero al menos no siguió creciendo con la velocidad que venía. Por eso tuvo más que ver con esta disuasión que generaba de batallas por parte del Ejército, de la Guardia Nacional, pero no hubo aprehensiones importantes, no hubo una disminución inteligente, ya sea de las finanzas o de la capacidad operativa de grupos de la delincuencia organizada", recalcó Fernández.
En 2019 se contabilizaron 9 mil 3 víctimas; en 2020 hubo 8 mil 380; en 2021, 9 mil 408; en 2022 hubo 11 mil 39 (cifra récord en el sexenio); en 2023 fueron 10 mil 946 y hasta septiembre de 2024 había 8 mil 151 víctimas de extorsión.
Violencia familiar
Por otro lado, los reportes de Incidencia Delictiva del Fuero Común, indican que la violencia familiar tuvo su nivel más bajo al inicio del sexenio de López Obrador, con 12 mil 174 carpetas de investigación. Sin embargo, a cinco meses de gobierno se incrementó a 20 mil 378 y durante los meses de confinamiento por la pandemia de Covid-19, creció exponencialmente y alcanzó 23 mil 907 durante mayo de 2021.
Aunque la cifra más alta se registró en mayo de 2024 con 27 mil 499 carpetas, lo que representa un incremento de 125.8% respecto a diciembre de 2018. En todo el sexenio se documentó un millón 465 mil 445 carpetas de investigación por este delito.
En 2019 hubo 210 mil 189; en 2020 fueron 220 mil 28; en 2021 hubo 253 mil 740; al año siguiente fueron 270 mil 544 y en 2023 hubo 284 mil 203; hasta septiembre de 2024 el SESNSP contabilizó 214 mil 467 carpetas por este delito.
"La macrocriminalidad está provocando que otros delitos se disparen, todos tenemos la atención puesta en los actos de narcoterrorismo o la narcopolítica, pero hay un incremento silencioso de otro tipo de delitos, producto de la erosión de nuestros sistemas de procuración de justicia, de seguridad pública y penitenciario", señaló Saucedo.
En paralelo, dijo, la violencia y la migración, generan hogares fracturados y familias disfuncionales, donde está ausente algún integrante, padre o madre de familia, lo que provoca desintegración familiar, erosión del tejido social y por consecuencia, un incremento de la violencia familiar.
Aumenta venta de drogas
El narcomenudeo también se incrementó de una forma parecida, pues llegó a 80.9%, con 4 mil 610 carpetas de investigación en diciembre de 2018 a 8 mil 341 en agosto de 2024, mes récord de la administración de AMLO.
Durante el sexenio hubo un total de 480 mil 63 carpetas: en 2019 se registraron 70 mil 274 carpetas; en 2020 creció a 76 mil 741; 2021 cerró con 82 mil 275; en 2022 fueron 86 mil 386; para 2023 hubo 90 mil 71 y en los primeros nueve meses de 2024 fueron 69 mil 706.
"El narcomenudeo tiene que ver directamente con las guerras de cárteles para poder financiar estas batallas que hay entre los grupos de narcotráfico y que alimentan su base tributaria. Los cárteles funcionan como pequeños estados en donde para financiar sus actividades criminales cobran una especie de impuesto, en este caso es la comercialización de drogas ilícitas, que les permite tener un ingreso y de esta manera fungir como un estado", explicó Saucedo.
Puntualizó que la guerra de los cárteles de Sinaloa contra Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, se traduce a un alza del narcomenudeo, porque los grupos del narcotráfico se financian mediante actividades paralelas, como extorsión, robo de transporte de carga, huachicol y narcomenudeo.
"Lamentablemente las guerras de cárteles se financian en México con la apertura de puntos de venta, la comercialización de drogas ilícitas obviamente, y también con la exportación de drogas hacia Estados Unidos", finalizó el especialista.
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Extorsión, el delito que se come a México
En octubre del año pasado, Juan se encontraba en su negocio de venta de hierbas medicinales, ubicado en un mercado de la zona metropolitana de Toluca, cuando unos hombres se presentaron a cobrar la cuota. Le pedían 100 mil pesos por "derecho de piso".
Juan había logrado evadir el pago por varios meses, pero las amenazas iban subiendo de tono: "Ya tienes que entrarle con la cuota, si no te va a cargar. Nos mandó la jefa".
Él quería negociar, ganar tiempo, pero fue imposible. Los hombres no llegaron a negociar. Juan terminó en el hospital tras ser golpeado; lo picaron y le pegaron con tubos.
La historia de este comerciante quedó registrada en sentencias del Poder Judicial de la Federación, y es una de las 54 mil 424 denuncias que se convirtieron en carpeta de investigación por el delito de extorsión durante el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
A diferencia de delitos como el homicidio doloso, feminicidio, lesiones por arma de fuego o secuestro, la extorsión mantiene una tendencia al alza sostenida, como reconoció el 26 de octubre pasado Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, durante la presentación de las estadísticas de la incidencia delictiva con los que arrancó la nueva administración federal.
Los datos muestran que en los casi seis años del gobierno anterior la extorsión creció 18.2%.
Pero los datos conocidos son apenas una pequeña muestra del tamaño del delito. De acuerdo con estimaciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra negra en el caso de extorsión fue de 97.4% promedio entre 2018 y 2023 (el último año reportado por el Inegi). Hay estados, incluso, que pudieran llegar a 100%, como Sonora, Guerrero y Nayarit.
De acuerdo con datos más recientes de la Envipe, en 2023 se contabilizaron 4.9 millones de casos de extorsión en todo el país.
Además, según registros periodísticos, hoy en día el cobro de piso y la extorsión son cada vez más amplios, pues ahora alcanza a la venta de pollo en el Estado de México y Guerrero, la producción de limón y aguacate en Michoacán, la venta de tortillas en Chiapas, entre muchos otros casos.
Los nombres de todas las personas extorsionadas mencionadas en este reportaje fueron modificados para proteger su identidad.
Las variaciones del delito
Los datos de la estadística del SESNSP ubican a la capital del Estado de México, Toluca, como el municipio con el mayor número de carpetas de investigación por el delito de extorsión en el sexenio pasado, 2 mil 207, una por día.
Entre los primeros 20 municipios hay, en total, siete del Estado de México. Es la entidad federativa con más demarcaciones incluidas en los índices más altos. De mayor a menor incidencia, el listado lo conforman Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Monterrey, Chimalhuacán, Guadalajara, Xalapa, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Chalco, Zapopan, Celaya, Iztapalapa, Benito Juárez (Cancún), Acapulco, Veracruz, Fresnillo, Zacatecas y Pachuca. En conjunto, la veintena de localidades concentra 30% —en números cerrados— del total de carpetas de investigación registradas por el SESNSP en el sexenio anterior.
A nivel entidad federativa, el Estado de México encabeza el listado, con 19 mil 512 carpetas de investigación en el periodo citado. Le siguen Veracruz, con 4 mil 684 carpetas iniciadas; Jalisco, con 3 mil 695; Nuevo León, con 3 mil 658; Ciudad de México, con 2 mil 939, y Guanajuato con 2 mil 381. Estas seis entidades concentran 68% del total, con 36 mil 869.
Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), sostiene en entrevista que el Estado de México "lleva años siendo primer lugar o de estar siempre dentro de los primeros lugares, pues es un estado en donde conviven la delincuencia común con la delincuencia organizada, con delitos más complicados relacionados, incluso, con corrupción de autoridades, con situaciones de [mala] gobernanza, donde conviven los pequeños problemas de corrupción y [muchas] corruptelas".
Pero, puntualiza, hay un tipo de extorsión que es "mucho más peligroso para la gobernanza del país", va más allá del pago de piso y tiene que ver con el control de los mercados y la producción. Explica que no sólo se trata de imponer aranceles a la producción, como se ha evidenciado en Michoacán, también está relacionado con imponer la venta de marcas o productos.
"A veces son intereses económicos de los propios delincuentes que tienen, incluso, marcas legales registradas o porque están asociados con alguna empresa que les paga a ellos para obligar a los comerciantes a que sólo vendan ciertas marcas y productos", plantea el especialista.
Un binomio boyante
Era cerca de la una de la tarde del 17 febrero de 2003 cuando Antonio vio llegar a su ferretería a un par de personas a bordo de una motocicleta. Llegaron armados y le entregaron, sin más, un teléfono que timbraba.
Al contestar, Antonio escuchó la voz de un hombre que le dijo que era del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que debía pagar una cuota única por 600 mil pesos para que pudiera seguir trabajando.
"O nos das la cuota o te metemos un balazo en el fundillo; con el cártel no se juega", recuerda el ferretero de Cortázar, Guanajuato.
Lo amenazaron a él y a su familia con lastimarlos e incluso con quitarles la vida si no cumplían con el pago de la cuota impuesta. Antonio aceptó pagarles 100 mil pesos por la extorsión.
De acuerdo con cifras del SESNSP, en 2020 Guanajuato se colocó entre los 10 primeros estados con el mayor número de carpetas de investigación por el delito de extorsión, y desde entonces mantiene una tendencia al alza. En 2024 ocupa el segundo lugar, sólo por debajo del Estado de México.
Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de la organización civil México Evalúa, explica en entrevista que Guanajuato y Michoacán son las entidades con los crecimientos más altos en el reporte de ese delito en los últimos años, más de 7,000% entre 2018 y 2024.
Extorsionando desde el teléfono
Un mensaje sobre una compra en línea que Ángeles no había realizado fue el inicio de una agonía que se saldó con varias decenas de miles de pesos, producto de una extorsión telefónica que se extendió por días.
El mensaje que recibió decía que estaba en proceso una compra en una tienda en línea, y que si no reconocía la transacción podía llamar a un número de teléfono que se incluía en el mensaje.
Ángeles, sobresaltada por la posibilidad de que hubieran logrado obtener su número de cuenta o clonado su tarjeta, marcó. Había quedado enganchada. Lo primero que pasó es que su cuenta en la banca en línea se bloqueó. Alarmada por la situación fue a su sucursal bancaria para pedir ayuda.
Ahí le dijeron que lo tenía que resolver vía telefónica y la despacharon a su casa. Ángeles hizo entonces lo que le dijeron originalmente: siguió la comunicación con el número al que había llamado inicialmente y la extorsión avanzó.
Del otro lado de la línea comenzaron con trabajo de ingeniería social y fueron obteniendo, primero información personal, y luego pequeñas cantidades de dinero hasta completar casi 100 mil pesos.
Cuando Ángeles se dio cuenta de que había sido objeto de un delito decidió no denunciar a la policía lo sucedido, creyó que no lograría nada más allá de ser revictimizada, como cuando intentó buscar ayuda en la delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros en Puebla para presionar al banco y encontrar una solución. No va a proceder, la culpa fue de usted, le dijeron.
"La extorsión tiene un índice de impunidad de 98.36% a nivel nacional, prácticamente tiene 100% de impunidad", explica Armando Vargas.
Se entabló comunicación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero la respuesta fue que de momento no cuentan con agenda de entrevistas.
Datos
18.2% creció el delito de extorsión durante los casi seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
54 mil denuncias se convirtieron en carpetas de investigación por extorsión en el periodo de AMLO, según el SESNSP.
97.4% de cifra negra tuvo el delito de extorsión entre 2018 y 2023, el último año reportado por el Inegi.
